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Antes de llegar a Shapuree —un pedazo de tierra bengalí que con la subida del mar se convierte en isla— has tenido que salir del estado de Rajine, al oeste de Myanmar, huyendo del fuego; has permanecido escondido alrededor de dos semanas; has pagado el equivalente a 30 euros y te has subido a un bote que te deja ahora, a las diez de la noche, en medio de un lodazal.
En tu recorrido has visto a miles de personas que se marcharon como tú. Recuerdas aquel niño con la piel quemada, a la anciana paralítica, a la viuda que no se despega de sus hijos, o al hombre que perdió, además de sus pertenencias, la fe. Contigo suman más de medio millón quienes han tenido que atravesar este camino.
Shapuree es para ti la puerta de entrada a Cox’s Bazar, el sitio que tanto has buscado tras la ofensiva de las autoridades birmanas contra la aldea rohingya donde vivías, una operación que la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha catalogado como “limpieza étnica” contra la minoría musulmana a la que perteneces.
Las acciones militares comenzaron en agosto del 2017 y tuvieron su origen en ataques a puestos de seguridad por parte de un grupo insurgente, conocido como Ejército de Salvación Rohingya Arakan. Luego de eso, el distrito de Bangladés al que te diriges, donde se ubicó el campamento para refugiados, llenó sus capacidades en menos de 30 días —aunque todavía llegan más desplazados a las extensiones del territorio de Kutupalong.
Todos ellos, como tú, huyen de la represión, las violaciones y los abusos perpetrados por las fuerzas policiales en Rajine, hechos que han significado al menos 6 mil 700 muertes, según reveló un informe de Médicos Sin Fronteras (MSF), una cifra mucho mayor a los 400 fallecidos notificados por el Gobierno.
Durante los últimos seis meses, organizaciones no gubernamentales han acusado al Ejército de Myanmar de ser responsable de la desaparición de varios periodistas que cubrían el conflicto. La situación se ha complicado y se le ha negado el acceso al país a una misión de la ONU y a un relator especial sobre derechos humanos.
Camino a Cox’s Bazar, supiste que las autoridades birmanas están utilizando excavadoras para borrar las aldeas de tu pueblo y eliminar cualquier evidencia de los delitos cometidos. La respuesta oficial justifica esa movida bajo el pretexto de reconstruir una región devastada; no obstante, diversos activistas denuncian que el Gobierno está destruyendo la escena del crimen antes de concretarse cualquier investigación creíble.
Son las diez de la noche y, en medio del lodazal, entre el movimiento de personas y las luces de linternas, escuchas que Bangladés y Myanmar han acordado completar en dos años el proceso de repatriación de quienes han cruzado las fronteras. A tu mente viene una pregunta: cómo vamos a volver.
¿Quiénes son los rohingyas?
Con un origen largamente debatido, los rohingyas forman cerca del 5 % de los casi 60 millones de habitantes de Myanmar (tradicionalmente llamado Birmania). Aunque ellos afirman proceder del estado de Rajine (antes Arakan), el Gobierno los considera migrantes musulmanes de Bangladés que salieron de ese país vecino durante la ocupación británica.
Naciones Unidas los ha descrito como uno de los pueblos más perseguidos del mundo, una minoría “sin amigos y sin tierra”. A diferencia de la mayor parte de la población birmana —practicante del budismo—, los rohingyas profesan el islam suní, motivo por el que han sido discriminados por años.
En diciembre del 2014, la ONU aprobó una resolución en la que urgía a Myanmar a darle acceso a la ciudadanía. Sin embargo, la ley vigente, promulgada en 1982, no los reconoce como una de las 135 etnias birmanas, por lo que se les considera apátridas. Lo anterior supone la imposibilidad de viajar libremente, recurrir a la justicia o acceder a la educación superior, por solo citar algunas limitaciones.
Después de haber sido gobernado más de medio siglo por una junta militar, Myanmar vive una etapa de transición. Contradictoriamente, la situación no mejora para los rohingyas, quienes sufren la violencia desde 1948, año en el que la nación obtuvo la independencia de Inglaterra.
De acuerdo con MSF, la operación militar más reciente podría presentarse en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad. La mayor dificultad para ello reside en que Myanmar no ratificó el Estatuto de Roma —instrumento constitutivo de la CPI— y no está obligado a cooperar.
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