Un candidato que hasta diciembre no rebasaba el 3 % de apoyo en las encuestas y el representante del partido que actualmente gobierna Costa Rica, contenderán por la presidencia de ese país centroamericano el próximo 1 de abril, luego de conseguir respectivamente alrededor del 24 y el 21 % de los votos válidos en la primera vuelta electoral.
Este resultado pareció sorprender la pasada semana a varios medios de prensa ticos, en unos comicios donde ninguno de los 13 candidatos obtuvo el 40% de los votos que la ley exige para proclamar vencedor, y con una abstención superior al 34 % entre más de 3 millones 300 mil ciudadanos con derecho al sufragio.
¿Qué sucedió? Analistas y representantes de organismos internacionales coinciden en que el detonante del dramático giro electoral fue una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del pasado 9 de enero, en la cual este órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante una consulta del propio gobierno de Costa Rica, emitió un fallo que insta a los países de la región a “reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo», incluido el matrimonio, que hasta diciembre pasado era legal en 25 estados, de ellos cinco latinoamericanos.
Así, una campaña electoral que hasta ese momento debatía fundamentalmente problemas como el desempleo, la corrupción y la inseguridad ciudadana, dio un giro hacia un enconado debate entre las posturas más conservadoras en relación con la familia y las tendencias contemporáneas más abiertas e inclusivas que buscan garantizar y proteger los derechos de todas las personas.
De ese río revuelto por los prejuicios homofóbicos emergió la controvertida popularidad del candidato por el partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado Muñoz, quien es periodista, cantante evangélico y hasta esta elección era el único diputado de esa fuerza política de derecha.
El político de 43 años aprovechó una amplia base social con fuertes sentimientos religiosos, en una sociedad donde —según estimados que citan las agencias— el 76 % de los costarricenses se identifican como católicos y el 14 % como evangélicos.
En ese contexto tan adverso, la sentencia de la Corte Interamericana favorable a los derechos de las parejas homosexuales produjo rechazo en poco más de dos tercios de la población, según una encuesta del Centro de Investigaciones en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica.
Alvarado Muñoz capitalizó ese sentir con un discurso nacionalista que calificó la recomendación de los jueces internacionales como una intromisión en los asuntos internos del país y prometió desconocerla si gana la presidencia.
Como reacción ante la posición conservadora, también obtuvo beneficios el joven candidato oficialista Carlos Alvarado Quesada, igualmente periodista y ex ministro de Trabajo por el Partido Acción Ciudadana del actual mandatario Luis Guillermo Solís.
Este otro Alvarado, de apenas 38 años, apoyó los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgéneros antes incluso del pronunciamiento de la mencionada Corte, lo cual le reportó en la última etapa de la contienda electoral un crecimiento de sus partidarios en las redes sociales, con especial respaldo de los llamados milenials y centenials, denominación que reciben las generaciones más jóvenes.
Este diferendo por una cuestión que podría parecer poco relevante para quienes no sufren o comprenden los efectos de la discriminación por orientación sexual e identidad de género, llegó a extremos tales que hasta Andrés Pastrana, jefe de la misión de observadores de la OEA en los comicios, refirió su inquietud por la extrema polarización. El supervisor colombiano recomendó “que para la segunda ronda se busque una campaña que integre los ejes programáticos que preocupan a la sociedad costarricense”.
Más claro, ni el agua: a resolver los verdaderos problemas y que cada cual se case con quien lo desee.
