El sistema tributario vigente en Cuba no resulta particularmente abusivo. Por el contrario, en varios aspectos podríamos decir que es bastante benévolo. No es admisible entonces su transgresión, ni desde el punto de vista económico ni ético, pues es un deber cívico contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que nos permitan alcanzar mayor justicia y satisfacción para la sociedad.
Los porcentajes de cumplimiento voluntario en el pago de las obligaciones, tanto por contribuyentes que son personas jurídicas como naturales, en comparación con otras realidades, en nuestro país por lo general son elevados.
Sin embargo, no sucede igual con la calidad de esos aportes. La subdeclaración de ingresos y la evasión fiscal, incluyendo la que deriva del ejercicio ilegal de actividades económicas, constituye un problema muy visible.
Las alertas sobre este tema son frecuentes en los últimos años. Lina Pedraza Rodríguez, ministra de Finanzas y Precios, insiste siempre en la cuestión al presentar ante el Parlamento los proyectos de Ley del Presupuesto del Estado.
“Fueron realizados controles de mayor profundidad por la Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat), pero insuficientes; al persistir la indisciplina fiscal y conductas para evadir el pago de los impuestos, práctica dañina que exige mayor cultura tributaria y enfrentamiento riguroso”, expresó en el último período ordinario de sesiones de diciembre pasado.
Para explicar esta insatisfacción bastaría quizás un ejemplo. En la anterior campaña de declaración jurada del impuesto sobre ingresos personales, la Onat detectó a más de 60 mil subdeclarantes, por un importe total de unos 563 millones de pesos.
Esa cantidad de contribuyentes representó cerca del 35 % de los más de 170 mil que liquidaron el tributo. Del total de subdeclarantes la Onat solo alcanzó a fiscalizar a más de 19 mil contribuyentes, poco menos de una tercera parte.
Es cierto, no obstante, que ninguna administración tributaria alcanza a todo su universo de contribuyentes. De hecho, la selección hecha resultó efectiva, porque el 67 % de esas personas fiscalizadas rectificaron su declaración y aceptaron pagar lo que la Onat les estimó como impuesto. A quienes no lo hicieron así se les notificaron deudas por más de 27 millones de pesos.
Pero hay que aspirar a más. Esos 40 mil subdeclarantes que escaparon a la fiscalización del año anterior tienen que saber y sentir que la Onat conoce lo que hicieron. Por ley incluso, las deudas con el fisco son exigibles de modo retroactivo por un período de cinco años.
Esa misma filosofía de crear mayor percepción de riesgo debe funcionar para otros tributos y segmentos de contribuyentes. La gente debe percibir que es más fácil y barato cumplir en tiempo y forma, que asumir los elevados costos financieros y sociales de fallar o mentirle al fisco.
La Onat cada año avanza en la creación de facilidades para la declaración y el pago de tributos, aunque también queda mucho por hacer en ese terreno. Adicionalmente es preciso fortalecer sus estructuras municipales y en las provincias, a partir de proveerlas con mejores recursos humanos y tecnológicos, en función de un control fiscal más abarcador, exhaustivo y al detalle.
También hay que proseguir y perfeccionar las alianzas con otros eslabones esenciales para mantener la disciplina social, como ya hace la Administración Tributaria con la Policía, la Fiscalía y los Tribunales, para cerrar cualquier brecha a la indisciplina fiscal. Sin que ello implique excesos, maltratos ni injusticias, hay que apretarle la rosca a quien quiera pasar de listo.
