El anuncio la pasada semana de nuevas normas jurídicas que regirán el desempeño del sistema empresarial cubano es parte de un proceso progresivo de transformaciones que incide en todo el entramado económico y obliga a un aprendizaje por parte de todos sus eslabones, incluyendo al movimiento sindical.
La definición de relaciones —sin duda, novedosas— que intentarán garantizar el principio de que las organizaciones superiores de dirección empresarial (Osde) no tengan vínculos de subordinación con los ministerios que rigen las políticas de su sector, son quizás de los cambios más paradigmáticos que contienen el decreto—ley y los tres decretos promulgados.
Pero no es el único aspecto renovador. La extensión a todo el sistema empresarial estatal de los principios fundamentales que ya regían para las entidades en perfeccionamiento, constituye otro paso en el propósito explícito de que todas las empresas estén en igualdad de condiciones como actores económicos.
Un aspecto importante que especifican las autoridades del Ministerio de Economía y Planificación y la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo es la temporalidad de estas nuevas legislaciones, o sea, el reconocimiento de que son solo una respuesta al estado actual de actualización del modelo económico cubano, y no fórmulas necesariamente definitivas, las cuales permitirán continuar un acercamiento gradual a un sistema de relaciones más integral y completo que —cuando existan las condiciones— permita establecer una norma de mayor jerarquía, como una ley de empresas.
Aun así, todo esto conllevará modificaciones en las maneras de hacer —en no pocos casos ya en marcha o aplicación experimental desde hace un tiempo en un grupo de esas Osde—, que serán más efectivas en la medida que todas las instituciones y personas involucradas asimilen sus contenidos y actúen en consecuencia.
Al respecto, trascendió que alrededor de 40 mil directivos empresariales recibirán capacitación a partir de febrero de 2018 para habilitarles en el dominio de las nuevas reglas. Es evidente, no obstante, que no solamente los empresarios tendrán que variar sus métodos y formas de actuación.
Una lectura detallada del Decreto No. 335, por ejemplo, nos permitirá localizar múltiples menciones al papel de los trabajadores y las organizaciones sindicales en el cumplimiento de diversas funciones de las Osde, las empresas y las unidades empresariales de base, así como de sus principales dirigentes. Por consiguiente, el movimiento sindical también tendrá que estudiar y dominar al dedillo las nuevas reglas del juego empresarial, y adecuar su labor en correspondencia con ellas.
¿Qué implica, por ejemplo, que una Osde ahora mantenga vínculos directos con todos los organismos de la Administración Central del Estado, sin tener que depender de su Ministerio de origen? ¿Cómo negociarán e incidirán los sindicatos, para ser más efectivos, a partir del ahora más claro concepto de “atención” al sistema empresarial por parte de un miembro designado del Consejo de Ministros?
Y así, múltiples serán las interrogantes, y lo que es más crucial: diversas las acciones para darles respuestas. Cambian las empresas, tiene que cambiar también el sindicato.
