El derecho de todo trabajador a suscribir un contrato con la entidad o persona que le brinda empleo es una de las garantías básicas que establece la legislación laboral cubana, a la cual no podemos renunciar bajo ningún concepto.
Sin embargo, en los últimos tiempos cada vez resulta más frecuente escuchar ejemplos sobre una preocupante modalidad que parecería emerger con cierta impunidad en algunos sectores o tipos de actividad económica: el mal llamado trabajo “por la izquierda”.
Este término alude a la existencia de trabajadores que producen o prestan servicios de manera irregular, incluso en algunas empresas estatales, sin que medie ningún documento oficial que dé fe de ese vínculo laboral, y cuyos ingresos o salarios presuntamente provienen de la comercialización ilícita de las materias primas o de los productos y servicios que allí realizan.
Conocemos de puestos específicos más proclives a esos fraudes y determinados modus operandi que suelen caracterizar este fenómeno. Ocurre sobre todo en determinadas labores de vigilancia y protección, así como también en centros que producen o prestan servicios por la madrugada —ese horario donde nunca hay controles externos—, aunque puede suceder también en turnos diurnos, en cuyo caso, ante cualquier alarma de inspección, los administrativos involucrados conminan al trabajador ilegal para que “desaparezca”.
Un ejemplo clásico bastante visible y que genera muchas críticas de la población es la figura prácticamente generalizada del cobrador o cobradora en los ómnibus de transporte urbano de la capital —¿son trabajadores por cuenta propia, por cuenta del chofer, o por cuenta del bolsillo de los pasajeros y de los ingresos de la empresa de ómnibus?—, pero además podría haber empleados sin papeles en establecimientos de comercio y gastronomía, panaderías, centros recreativos nocturnos u otros.
Las implicaciones económicas, legales y sociales de hechos como estos, aun si fueran acontecimientos aislados, pueden resultar muy graves para la entidad y en extremo onerosas para el país. En primer lugar, porque estamos ante violaciones que con hurgar solo un poco casi seguro destaparían manifestaciones de delito y corrupción.
No menos importantes son las consecuencias jurídicas y laborales de este trabajo furtivo sin una relación contractual. Bajo su manto es posible esconder irregularidades e incumplimientos de toda índole, desde la vulneración de los derechos de esas personas que laboran en condición irregular, hasta el quebrantamiento de plantillas y calificadores de cargo, que incluye el alto riesgo de introducir en una entidad estatal a individuos no confiables ni idóneos para determinadas responsabilidades —la custodia de recursos materiales, por ejemplo—, o transgredir aspectos tan sensibles para nuestra sociedad como el empleo de menores de edad.
La detección y demostración de tales tropelías no siempre es sencillo. Al implicar a administraciones infractoras e individuos que reciben por esta vía beneficios mal habidos, lo común es que en la contabilidad u otros documentos probatorios no queden rastros de estas acciones, o que requieran de una fiscalización profunda y especializada para hallar las evidencias necesarias. Incluso pudiera pasar que una parte o todo un colectivo de trabajadores cayera en las redes de esta clase de timo al Estado, y sobre todo, a sí mismo, al suponer que así “resuelven” supuestas carencias de personal para cargos, turnos o tareas difíciles de cubrir y ejecutar.
Pero en todas partes hay una sección sindical y otros mecanismos de control social que deberían y tendrían que actuar con energía ante situaciones de tanta peligrosidad ética y económica para las personas y para el país.
Es inadmisible la complicidad o el compromiso con prácticas de esta índole, por lo cual primero que todo es vital saber de su existencia para poder reconocerlas en la vida cotidiana; luego —y esto es lo esencial— hay que estar alertas ante cualquier indicio o información sobre su ocurrencia en nuestro entorno laboral, para prevenirlas o enfrentarlas por todas las vías posibles, ya sea mediante la discusión y persuasión oportunas, o a través de la denuncia ante las autoridades pertinentes si fuera preciso.
