En las últimas semanas no son pocos los sucesos relacionados con campesinos colombianos, los problemas no son nuevos y los despachos noticiosos a veces se parecen a los de años atrás. Casi comenzando estas líneas, se pudiera concluir que solamente un cambio radical que favorezca a los desposeídos los resolverá.
La embestida de los uniformados provocó críticas al Gobierno por el incumplimiento de los acuerdos de paz, así como por la falta de un programa conjunto entre las comunidades y las autoridades para la sustitución de cultivos de uso ilícito, que a su vez permita el uso tradicional de la hoja de coca en comunidades indígenas.
Muchas veces las familias que se dedican a esa siembra no cuentan con otro sustento, por lo tanto exigen que el Ejecutivo desarrolle programas de desarrollo alternativos. Además denuncian que la administración central no dialoga con quienes no tienen título de propiedad sobre la tierra, y ello no les deja otra alternativa que el desplazamiento forzoso.
Se dice que unas mil 300 familias de la región viven una crisis humanitaria, faltan carreteras, servicios de salud, educación. Se combinan la desatención del Estado, con la proliferación de organizaciones criminales que intimidan a la población y están interesadas en que se mantengan las cosas tal como están.
A mediados de octubre, también en Nariño, asesinaron a José Jair Cortés, miembro del Consejo Comunitario, y a dos indígenas Awá. El nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), denunció además la muerte de seis de sus integrantes en Isupí y días después se hizo público el homicidio de Miguel Pérez, enemigo de la erradicación forzosa de plantaciones en Antioquia.
Todos ellos se suman a un gran número de asesinatos contra defensores de derechos humanos denunciado por el sitio digital colombiaplural.com: 78 en lo que va de año y 10 este mes. Poco a poco se eliminan personas que tienen la capacidad de organizar y hablar en nombre de sus compañeros, y luego queda la duda de quién cometió el crimen.
Desde el territorio de Katsaliamana, en la Guajira, al noreste del país, llegan denuncias acerca de la falta de garantías en la defensa de territorios de comunidades indígenas, así como el irrespeto por los derechos humanos, tal como sucedió en diciembre del 2016 con el Movimiento Nación Wayúu, que reclamó al verse afectada por empresas extractoras de recursos minerales como El Cerrejón, Chevrón, Promigás, Turkish y Big Group. Solo recibieron advertencias por respuesta.
En Catatumbo, al noreste del país, también se registran protestas. Sus representantes fueron recibidos en la gobernación de Santander y se tomaron acuerdos para resolver la situación. No obstante, el ministro de Defensa envió un ultimátum a los campesinos para que despejaran las vías públicas.
Esa región tiene importantes recursos naturales como petróleo del cual se benefician principalmente empresas estadounidenses. En el año 2013, los agricultores exigieron, entre otras reivindicaciones, la suspensión de la campaña de erradicación de la hoja de coca y la sustitución paulatina de cultivos ilícitos, así como subsidios para mitigar la crisis alimentaria. En aquel momento el Gobierno habló de crear un plan para avanzar en la búsqueda de soluciones.
Durante su muy reciente visita a Tumaco, el presidente Juan Manuel Santos inauguró un hospital, anunció la construcción de viviendas y la entrega de embarcaciones pesqueras. Según la página digital elcolombiano.com, estimularán a las comunidades para acelerar los programas de sustitución de cultivo, aunque serán enviados miles de uniformados para luchar contra el delito y la criminalidad.
Mientras tanto la FARC y el Ejército de Liberación Nacional siguen apostando a la paz y por ello suscribieron en Ecuador la Declaración de Montecristi, donde se expone la voluntad de trabajar juntos la equidad, soberanía, verdad y democracia. Igualmente, rechazaron el creciente número de asesinatos y encarcelamientos de líderes sociales.
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