Como presidente de Brasil, la historia de Michel Temer ha sido tan oscura como estridente. Su llegada en el 2016 al Palacio de la Aurora —residencia oficial de los mandatarios de esa nación— fue el resultado de lo que muchos catalogan una jugada sucia contra Dilma Rousseff, quien encabezaba el Ejecutivo del país suramericano y tuvo que abandonar el cargo y enfrentar un controvertido juicio político.
Para entonces, luego de filtrarse un audio de Temer, en el cual se dirigía al Estado en condición de nuevo líder sin haber sido proclamado como tal, Rousseff no dudaría en asegurar que su antiguo vicepresidente fue “uno de los jefes de la conspiración”. Tras ese turbio arranque, hechos problemáticos continuarían marcando la gestión de un hombre que, de acuerdo con documentos filtrados por Wikileaks, proporcionó información a la embajada de EE.UU. en Brasil desde el 2006.
Acusado de corrupción pasiva, salvado por la Cámara de Diputados, y otra vez ante cargos por obstrucción de la justicia y presuntos vínculos con una organización criminal, el “articulador discreto” —como le ha calificado la prensa brasileña— no deja de sorprender e incomodar. Quizás por ello (y por lo hollywoodense de la escena), la segunda entrega del filme Policía Federal: la ley es para todos (Marcelo Antunez, Brasil, 2017) incluirá el diálogo del político con un magnate de la empresa de carne JBS mientras pactaba el soborno del que se le inculpa.
En medio de tales escándalos llega otra parte de “la saga”, o más bien el remake de una fórmula ineficaz aplicada hace un año, cuando anunció la venta de 34 proyectos de infraestructura bajo el argumento de disminuir el desempleo y aliviar las gastadas cuentas del país.
Ahora, con la tasa del paro en 13,3 % y una perspectiva de crecimiento económico de apenas el 0,5 %, el Gobierno derechista vuelve a mover las fichas para apuntalar el tesoro nacional mediante un ambicioso plan de privatizaciones. La propuesta, que promete las mayores concesiones desde hace dos décadas, forma parte del Programa de Alianzas de Inversión, un ente creado por Temer en su primera medida como presidente interino con el fin de supervisar las negociaciones estatales con el sector privado.
Según el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Wellington Moreira Franco, 57 activos serán puestos en liquidación con el presunto objetivo de cumplir la meta fiscal y “afrontar la cuestión del empleo y la renta”. Aún no se ha estimado con seguridad cuánto podría recaudar esta operación que se realizará de forma progresiva, si bien el Ministerio de Energía ha precisado que solo Eletrobras, una de las fresas del pastel, puede suponer alrededor de 5 mil 400 millones de euros.
El paquete incluye la venta de las acciones de 18 aeropuertos, 16 lotes de líneas de transmisión eléctrica, 16 terminales portuarias, dos carreteras y cuatro empresas públicas tan relevantes como la Casa de la Moneda —donde se producen los billetes y pasaportes del país—. Además, plantea el establecimiento de una Asociación Público-Privada para el transporte de señales de telecomunicaciones a organizaciones militares del territorio brasileño.
Ante ese panorama y por la extensión de las medidas a la amplia zona de bellezas naturales de la nación, el rechazo en las calles no ha tardado en aparecer. La Central Única de Trabajadores, Izquierda Unida y otras asociaciones sindicales han mostrado su descontento con el plan, pues a su juicio beneficiará más los intereses empresariales que los ciudadanos y, según especialistas, podría aumentar la deuda pública. Las críticas se suman a una ola de protestas que alcanzaron su cumbre en las huelgas generales de abril y julio bajo la consigna ¡Fuera Temer! para condenar las reformas laboral y al sistema de pensiones.
Y mientras crece la impopularidad del mandatario, estimada en un 93 % por el instituto de investigación Datafolha, Brasil se prepara para las elecciones presidenciales del 2018. Hasta el momento, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores, aparece como favorito en las encuestas para los próximos comicios con un 30 % de ventaja. Los hechos —y las cifras— hablan por sí solos: no es tiempo para sagas.