Con asiduidad recogemos en esta sección descontentos o dudas sobre asuntos laborales que llevan mucho tiempo tramitándose, solo que no por los canales adecuados. El mayor peligro en ese sentido puede ser el vencimiento del período para la reclamación, como han reiterado funcionarios de la Central de Trabajadores de Cuba en respuestas publicadas sobre el tema.
El quid no radica en saberse amparado por el artículo No. 63 de la Constitución de la República de Cuba, sino en dirigirse al lugar apropiado.
Uno de los organismos que recibe cartas de disímiles asuntos es la Contraloría General de la República de Cuba (CGR) y así lo corrobora Viviane García Castro, contralora jefa de Dirección para la Atención a la Población, con representación en todas las provincias, donde un especialista recepciona los planteamientos por escrito o personalmente, identificados o anónimos, que son clasificados como denuncias, quejas y peticiones.
A ese grupo de trabajo —recalca— no le corresponde la investigación o determinación de inconformidades motivadas por sanciones administrativas o laborales, inejecución de sentencias firmes de tribunales y solicitud de revisiones de estas, ni litigios derivados de problemas de convivencias o propiedad de inmuebles, o de tierra.
Sin embargo, señala que los temas que más les llegan están asociados al desacuerdo con la actuación de funcionarios de la Vivienda y Planificación Física, acusados de comprometimiento e inacción ante la solución de litigios, el enfrentamiento a las ilegalidades en el sector y la falsificación de documentos, y asimismo gran cantidad de casos provenientes de comercio y gastronomía.
¿Qué ocurre con los temas que no les conciernen?
Cuando no son competencia de la CGR, los trasladamos definitivamente a la autoridad facultada que corresponda; si se trata de un promovente identificado, se lo hacemos saber por escrito y lo orientamos al respecto.
Esas quejas pueden ser transferidas al Organismo de la Administración del Estado al cual está subordinada la entidad involucrada, al Consejo de la Administración Provincial o al del municipio especial Isla de la Juventud; pues atañe a tales instancias dar respuesta sobre los resultados de la tramitación.
¿Qué investiga la CGR?
De acuerdo con lo estipulado en el capítulo IV De la participación ciudadana, contenido en la Ley No. 107/2009 De la Contraloría de la República, artículo 20.1: “Toda persona tiene derecho a poner en conocimiento de los órganos de la CGR, los actos de presunta corrupción administrativa u otras ilegalidades, así como el uso incorrecto de los recursos materiales y financieros públicos, que por cualquier motivo conozcan”.
En cuanto a temáticas podemos mencionar el descontrol administrativo y contable, que se traduce en desvío de recursos materiales y financieros —con mayor énfasis en inventarios y combustible—, además del efectivo de nóminas; para beneficio de un grupo de personas, implicados directos dentro de la entidad y fuera de ella.
Igualmente los inadecuados métodos y estilos de dirección, abuso del cargo, manifestaciones de nepotismo y amiguismo, así como actuación no ética de cuadros y funcionarios.
Los vinculados con educación, salud pública, transporte y comunales se presentan en algunas provincias de manera indistinta, mientras que en el nivel nacional el Ministerio de la Agricultura es el más señalado, por las demandas de tierras y procesos hereditarios.
¿Qué causas y condiciones son las más identificadas?
Entre las investigaciones que resultan Con razón o Con razón en parte, sobresalen las pérdidas de honestidad, austeridad, profesionalidad y fidelidad en cuadros, dirigentes y funcionarios; inestabilidad y dificultades con su selección, preparación y seguimiento. A los que podemos sumar, la falta de ejemplaridad, exigencia y combatividad y la inobservancia de la legislación vigente, y el no dar seguimiento a las medidas adoptadas para solucionar los problemas.
También están la carencia de previsión a la hora de identificar y gestionar los riesgos, la no utilización de los planes de prevención como una herramienta para el trabajo, debilidades en la implementación de los sistemas de control interno, y ausencia de análisis de causas y condiciones o realizarlos de manera formal.
A todo lo anterior se suman dos elementos negativos: soslayar la debida atención a las quejas y denuncias, y que no siempre es oportuna y clara la información que se le brinda a los trabajadores.
