La custodia y el resguardo de los bienes del Estado pasa por el actuar de los directivos y los funcionarios, subrayó Reinaldo Cruz Rivera, fiscal jefe de la dirección de Verificaciones Fiscales de la Fiscalía General de la República (FGR).
A propósito de los actos vandálicos sucedidos al paso del huracán Irma, el fiscal comentó a Trabajadores la existencia de normas legales que regulan los modos y las acciones a ejecutar por las entidades estatales e instituciones sociales para preparar la respuesta del país ante una situación determinada.
Entre estas —comentó— se encuentra la directiva del Presidente del Consejo de Defensa Nacional, emitida en el 2010, la cual ordena que cada organismo tiene que hacer la apreciación de los principales riesgos y vulnerabilidades ante la ocurrencia de fenómenos de este tipo, así como elaborar sus planes de reducción de desastres, cuyas acciones van desde la preparación y protección del personal hasta la evacuación y resguardo de los bienes de las instituciones.
Dijo que ello es de obligatorio cumplimiento y que, además, está establecido en el Decreto-ley 196, del año 1999, el cual reglamenta las obligaciones y los deberes de quienes ocupan cargos de dirección.
“El apartado d de dicho Decreto establece entre los deberes de los cuadros: responder por el control, cuidado y buen uso de los recursos humanos, materiales y financieros bajo su responsabilidad. Y estoy convencido de que cuando los jefes, a partir de estas circunstancias, liderean las acciones, todo lo demás funciona y se reducen las pérdidas y otras consecuencias”.
Reconoció que la responsabilidad y preparación para disminuir los efectos de los desastres no comienza con la nota informativa del Instituto de Meteorología o el llamado del Consejo de Defensa Nacional ante la proximidad de un fenómeno de tales magnitudes en el territorio nacional, sino “es necesario hacerlo desde la normalidad, cuando se puede apreciar mejor la situación e identificar riesgos y vulnerabilidades”.
En este sentido, llamó a tomar conciencia y puso como ejemplo que “si un centro está ubicado cerca del Malecón habanero siempre resultará vulnerable, de ahí que las medidas a tomar serán muy diferentes a las que se adoptarán en la parte más alejada del norte de la capital”.
Al margen de rejas y candados…
Como una experiencia dejada por Irma y otros eventos, Cruz Rivera aseveró que no siempre las medidas tomadas resultan suficientes. “Hay quienes consideran que asegurar con una reja o con un candado una instalación estatal —donde hay almacenes de recursos o de bienes informáticos— es eficaz.
“Un lugar puede tener seguridad —argumentó— pero si no cuenta con protección física (ya sea la presencia de miembros del consejo de dirección, de los propios trabajadores o el sistema de guardia especializada) no la garantiza totalmente y eso facilita el actuar de la delincuencia”. Resaltó la necesidad de tener presente el posible peligro de los lugares. En caso de que así sea no debe quedar persona alguna custodiando los bienes. En tales circunstancias sí resulta imprescindible evacuar el ciento por ciento de los recursos.
Hay vulnerabilidades que tienen que ver con la cercanía del mar, pero existen otras relacionadas con los propios árboles y los tendidos eléctricos. También urge considerar lo relacionado con los actos vandálicos y las indisciplinas de la población; pues algunas personas esperan oportunidades de este tipo para cometer fechorías, y ¡hasta ponen en peligro sus vidas!
Un escenario que debe aprovecharse mejor
Según su criterio, el ejercicio Meteoro constituye un escenario que debe aprovecharse mejor, ya que tiene como objetivo fundamental ejercitar todas las medidas y acciones que garantizan el enfrentamiento de fenómenos naturales de gran envergadura.
“Ese es un momento oportuno porque el país, prácticamente, se vuelca a la revisión de los planes diseñados para reducir los riesgos. Las instituciones del Estado deben actualizarlos, profundizar en las medidas. Y en el caso de los ejercicios prácticos resulta un imperativo hacerlos con mayor rigurosidad y objetividad.
“Estamos claros en cuanto a que hoy los huracanes no solo afectan a la región occidental, como pasaba hace años. Ahora todo el territorio nacional está expuesto a los embates de tales eventos meteorológicos que, aunque siempre van a dejar afectaciones, muchas pueden evitarse y ser previsibles”.
No preservar los bienes estatales puede ser un delito
“Una pregunta lógica es qué sucede cuando un cuadro de dirección o alguien con la responsabilidad de proteger el patrimonio del Estado, en determinadas coyunturas, no adopta las medidas correspondientes o lo hace de manera insuficiente.
“Sencillamente, puede incurrir en una conducta delictiva, y digo puede porque las circunstancias que rodean los hechos son las que después lo validan”.
Al respecto el fiscal explicó que el artículo 222 del Código Penal plantea que incide en ello “el que a consecuencia de incumplir las medidas a que está obligado por razón del cargo, ocupación u oficio que desempeña en una entidad económica, para impedir que se deterioren, corrompan, alteren, inutilicen, desaparezcan o sustraigan materias primas, productos elaborados, frutos, equipos, máquinas, maquinarias, herramientas, medios técnicos, recursos financieros o cualquier otra sustancia útil, ocasione un daño o perjuicio, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas”.
Agregó que el delito se comete si el valor de los daños ocasionados excede el límite de la responsabilidad material, establecida para cuando los cuadros y los trabajadores afectan los recursos de la entidad por negligencia o imprudencia. En ese caso es obligatoria la denuncia a la unidad de policía y se conduce el proceso por delito de incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades económicas.
Como consecuencia del ciclón Irma se produjeron hechos vandálicos, entre ellos sustracciones con fuerza. Al margen de esto, en la actualidad se investigan varios procesos en los que se exige responsabilidad penal a administrativos que no adoptaron las medidas para proteger los recursos en medio de la situación de desastre.
Acompañamiento de la Fiscalía
Cruz Rivera precisó —para una mayor tranquilidad de la ciudadanía— que por indicación del fiscal general, Darío Delgado Cura, los profesionales de la FGR acompañaron a las autoridades de los territorios antes, durante y después del paso del huracán.
Asesorar, orientar y exigir que se cumplan las normas legales en materia higiénico-sanitarias y del control de los recursos destinados a la atención de la población han sido algunas de sus funciones. De ahí su presencia en los centros de evacuación y de elaboración de alimentos, hogares de ancianos y de niños sin amparo familiar, entre otros.
“En estos momentos los fiscales están realizando investigaciones y comprobando las causas de las pérdidas de recursos materiales en entidades en las que se presume no se adoptaron todas las medidas. También podrán estar presentes en las zonas de defensa con el objetivo de controlar la observancia de lo establecido respecto a la entrega de materiales a las familias más afectadas”, enfatizó.
