El Órgano de Trabajo Jurídico del Consejo de Defensa Nacional, en resumen preliminar tras el paso del huracán Irma por el norte de Cuba, informó acerca del enfrentamiento a delitos realizados de forma oportunista contra los intereses de las personas y el Estado.
Se conoció que se radicaron 35 procesos penales relacionados con el azote del meteoro, en los cuales las conductas más marcadas fueron la especulación y el acaparamiento, las actividades económicas ilícitas, y en menor medida robos con fuerza, hurtos y desacato a la autoridad.
De acuerdo con ese órgano de trabajo, precisiones efectuadas apuntan a aplicar una política penal de severidad ante los hechos vandálicos perpetrados por individuos inescrupulosos que se aprovechan de difíciles situaciones, tales como el paso de un huracán, para cometer delitos contra la ciudadanía y los recursos estatales.
Se reafirma que el enfrentamiento penal debe ser inmediato, ágil, y en coordinación con los órganos del Ministerio del Interior y los tribunales, sin menoscabo de los derechos y garantías de los ciudadanos, a fin de contribuir desde la justicia a preservar la tranquilidad del pueblo.
El actuar diligentemente también se dirige al cuidado y eficiente empleo de los recursos materiales y financieros, destinados a las labores de la etapa de recuperación y al cumplimiento de los planes de la economía.
Especial atención se prestará a los hechos delictivos que afectan al sistema electroenergético nacional, la producción y comercialización de alimentos, la telefonía, combustibles, y a los bienes puestos en función de resarcir las afectaciones, se apreciarán las agravantes que correspondan ante la difícil situación, y se adoptarán medidas cautelares hasta la presentación al tribunal.
En los casos que lo ameriten, y en coordinación con el Partido, se podrá solicitar a los tribunales la realización de juicios ejemplarizantes, los cuales requieren de una adecuada preparación de los fiscales actuantes con total apego a los procedimientos establecidos, además de la divulgación a través de los medios de comunicación locales, dice el documento del Órgano de Trabajo Jurídico del Consejo de Defensa Nacional.
