El pasado 29 de junio el trabajador Ángel Luis, a través de su mamá, presentó por escrito la solicitud de baja, por lo que el Órgano de Justicia Laboral (OJL) acordó archivar la reclamación que le presentara 14 días antes por mejor derecho laboral.
Así expone el último párrafo de la carta que firma el máster Noel Pérez González, jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección Provincial de Educación (DPE) en Holguín, en respuesta a la queja del joven publicada en esta sección con el título Con las manos atadas. En esta cuestionaba si se podía poner en convocatoria una plaza ocupada a tiempo indeterminado, y afirmaba sentir que sus derechos laborales fueron irrespetados.
Agregaba que desde hacía unos cinco meses ocupaba un empleo fijo de técnico, en el laboratorio de Biología del instituto preuniversitario (IPU) René Ramos Latour, y le comunicaron que sería puesta en convocatoria, después de un proceso desarrollado por el OJL del sector de Educación en su municipio, Mayarí. Abundaba en su misiva que se percató de irregularidades en el fallo de dicho órgano a favor de una compañera que estuvo contratada a tiempo parcial.
¿Qué aportó la investigación? Como resultado de la revisión de documentos y las entrevistas realizadas conocimos que la queja tiene por antecedentes varias reclamaciones a raíz de decisiones equivocadas adoptadas en el centro, por lo que fue necesario efectuar un análisis integral de todo lo sucedido, refiere la carta del funcionario de la DPE.
Reconoce que Ángel Luis Maresma Ramírez ocupaba la plaza en cuestión por contrato indeterminado desde el 21 de diciembre del 2016, pero debido a la reclamación por derechos de trabajo interpuesta anteriormente por Raiza Torres Colás, técnica de laboratorio de Química en el citado IPU, el OJL actuante decide retrotraer los procesos por los cuales se concedieron las plazas al joven y a Yanetsy Almira Zayas. Al conocer de estos acuerdos —señala la carta—, Ángel Luis se presentó ante esa instancia para formalizar demanda, lo cual no le correspondía, en tanto hasta ese momento dicha condición solo estaba establecida para Raiza, la primera reclamante, y Nivia Peña Chacón, directora de Educación en Mayarí.
La actitud de él fue escribir al periódico Trabajadores, lo que consideramos una actuación precipitada, pues se desconocía el resultado del cumplimiento del fallo del OJL, que no encuentra adecuado el cuestionamiento, en tanto considera que actuó y cumplió con los requisitos determinados por la ley y no favoreció a nadie en particular, puntualiza el jefe del Departamento de Recursos Humanos de la DPE en Holguín. En el proceso hubo en total tres solicitudes para dos empleos y tomando en cuenta la decisión de aquella instancia impartidora de justicia añade que la dirección del IPU decidió, el 6 de junio, oído el criterio del comité de expertos, que las plazas de técnico de laboratorio fueran ocupadas por Raiza y Yanetsy.
Asimismo la Dirección Municipal de Educación resolvió reubicar a Ángel Luis en la secundaria básica Mártires de Barbados, lo cual él no aceptó y desencadenó en su solicitud de baja. Si bien agradecemos la detallada respuesta, no podemos obviar que adolece de un dato importante: qué medida se adoptó con la administración, generadora de tan penosa situación. En el caso de Ángel nos preguntamos si partir fue la mejor decisión y cuánto de dudas y falta de información lo llevaron a plantear un pleito que parece siempre tuvo las de perder.
