El día que Santiago Maldonado desapareció llevaba poco más de 24 horas en la localidad de Cushamen, en la provincia Chubut, al sur de Argentina. El artesano de 28 años, que protestaba en esa ocasión junto al grupo Resistencia Ancestral Mapuche, había viajado desde Río Negro para exigir la liberación del principal líder de la asociación, Facundo Jones Huala.
Era 1.º de agosto y el joven participaba en la manifestación cerca del lugar donde la comunidad indígena ocupa terrenos comprados por un empresario italiano, pero que esta reclama como propios. Aquel martes la Gendarmería Nacional reprimió el acto y a él no se le volvió a ver.
A un mes de tales sucesos, la historia de Maldonado ha sido titular en diversas oportunidades. Su relato ha causado una multitudinaria campaña para presionar al Estado, que se empeña en negar la responsabilidad de su desaparición, si bien varios testigos aseguran haber presenciado su detención por las fuerzas de seguridad.
¿Dónde está Santiago Maldonado? Es la pregunta repetida en las calles y compartida en las redes sociales on-line por usuarios de todo el mundo, entre ellos cubanos, para llamar la atención de las autoridades y organizaciones internacionales.
La movilización popular no ha valido para motivar una respuesta verosímil por parte del Gobierno de Mauricio Macri sobre este caso, que ahora se suma a los más de 215 desaparecidos en los años de “democracia” en la nación andina. No obstante, además de demostrar que los argentinos no permanecerán con los brazos cruzados, ha puesto el dedo en una herida abierta al recordar a las miles de víctimas de dicho crimen en todas las regiones del planeta.
A propósito del 30 de agosto, día que el mundo dedica a las personas perjudicadas por el delito, la Organización de Naciones Unidas (ONU) lamentó que el método de represión política, responsable de innumerables muertes durante las dictaduras militares, sea una realidad no superada y en aumento.
Así lo confirma el informe del 111 período de sesiones (2/2017) del grupo de trabajo de la ONU dedicado al tema, el cual expone varios procesos tramitados en países como Egipto, Colombia, Argelia o Turquía, por solo mencionar algunos.
Sin restar importancia al número de afectados, lo más alarmante reside en la impunidad que gozan los victimarios, debido a la complicidad de los directivos gubernamentales con el crimen organizado. Aunque las voces se unen para demandar justicia y reparación a los familiares, los reclamos parecen caer en saco roto.
Un claro ejemplo de lo anterior es México, donde las cifras refieren más de 30 mil víctimas en los años recientes; dato conservador si se tiene en cuenta que “de 10 desapariciones, solo dos se denuncian por el temor ante la falta de garantías de protección para las familias”, precisa un comunicado que firman diferentes asociaciones de ese territorio.
En la nación centroamericana, la negligencia de los organismos oficiales ha provocado la creación de más de 70 grupos de búsqueda lidereados por civiles. Con la esperanza de hallar los restos de sus seres queridos, los ciudadanos se han visto forzados a desenterrar cuerpos con sus propios medios en las mil 143 fosas clandestinas descubiertas desde el 2007.
El próximo 26 de septiembre se cumplirán tres años de la última vez que fueron vistos los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En tal período, los activistas que han emprendido su búsqueda, lejos de recibir apoyo, han sufrido amenazas y represalias.
Precisamente, otro de los problemas fundamentales radica en la poca seguridad ofrecida a los defensores de los derechos humanos. En ese sentido, la ONU manifestó estar “extremadamente preocupada” y solicitó a sus Estados miembros ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, la cual permitiría crear “un marco legal sólido en las áreas de prevención, castigo, reparación y no repetición”. Sin embargo, hasta el momento no se han concretado sus aspiraciones.
Quizás por ello, el día que Santiago Maldonado desapareció, como tantos otros jóvenes, dejó la incertidumbre en casa de sus familiares. “Estamos muy mal. Acá, esperándolo a Santiago”, dijo Enrique, su padre, a los medios locales.
Y aun cuando sus demandas parecen lanzadas al vacío, él insiste: “Yo no puedo ver la cara de mi hijo en una bandera, en un mural. Que aparezca. Eso es lo que quiero. ¿Dónde está? ¿Qué le hicieron? Lo estamos esperando”.
