Mariana Zenaida Camacho Hernández*
En Educación, el uso racional y efectivo del presupuesto guarda una estrecha relación con el empleo de la fuerza laboral, de ahí que existan normas que regulan aquellos elementos esenciales para su correcto funcionamiento.
La eficiencia y calidad del proceso docente educativo depende de muchísimos factores y del desempeño de todos los trabajadores, incluidos los que conforman el sistema empresarial, cuya razón de ser es garantizar los bienes materiales, por ejemplo, sillas, mesas, instrumentos de medición, juguetes didácticos y otros. Por supuesto, son importantes también las educadoras y auxiliares pedagógicas, los maestros, profesores, técnicos de laboratorios y los especialistas.
Teniendo en cuenta la situación de cobertura, la necesidad de atender a los docentes con sobrecarga y los planteamientos realizados, se aplicó —primero de manera experimental en La Habana— un pago adicional que favorece a los maestros frente a las aulas, que incluye a los instructores de arte, bibliotecarias y auxiliares pedagógicas, al amparo de la Resolución 31/2016, que establece el procedimiento para efectuar dicha retribución.
Se considera sobrecarga cuando el profesor imparte más programas de los establecidos (tres), lecciones a diferentes niveles educativos o excede las horas/clases semanales, a partir de lo normado en la Resolución 86 del 2012, también cuando atiende un mayor número de niños o estudiantes.
Según los resultados, dicho experimento en enero del presente año se extendió al resto del país e incluyó a todos los docentes con contrato indeterminado y determinado a tiempo completo, amparado en la Resolución 249/2016 que actualiza este procedimiento, y se introdujeron algunas modificaciones que fueron propuestas por los maestros, acogidos en una primera etapa.
Hasta la fecha se han beneficiado más de 19 mil educadores con sobrecarga en la labor educativa. Este pago adicional no constituye un aumento de salario, sino que tiene su fuente de financiamiento en el propio presupuesto anual planificado en cada entidad, que no se ejecuta por diversos motivos, entre ellos plantillas incompletas, ausencias esporádicas o intermitentes, licencias sin sueldo, certificados médicos u otras razones de inactividad.
Un elemento esencial a considerar es que en la medida que se complete el personal docente en las instituciones educativas irá disminuyendo la aplicación de esta alternativa, pues una fuente importante son las escuelas pedagógicas (ya suman 24 en todo el país), las cuales aportan docentes para los niveles de la primera infancia, primaria y educación especial.
La aplicación de esta política lleva implícito una alta cuota de compromiso, seriedad, control y consolidación de las acciones desarrolladas con el objetivo de cumplir lo establecido en cada regulación, norma o resolución, además de la responsabilidad individual.
El apego a la legalidad esclarece el camino a recorrer para atender a docentes y a trabajadores de forma general, enaltecer su labor para que promuevan y gradúen la virtud y el saber en sus discípulos.
*Directora nacional de Recursos Humanos del MINED
