Ya es firme, definitiva, la política del Partido Comunista de Cuba para enfrentar todo tipo de discriminación en el país, incluidas las causas que no siempre recibieron toda la atención o son el resultado de la experiencia y el conocimiento científico, como un factor clave de unidad nacional hacia una sociedad más inclusiva.
La evidencia salta a partir de la reciente publicación de la versión final de la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, luego de la amplia consulta popular, las modificaciones consiguientes y su aprobación por el Pleno del Comité Central del Partido con el posterior respaldo del Parlamento.
Los cambios que hubo en el documento fueron sustanciales y muy importantes en múltiples temas, no solo en este aspecto. Sería conveniente la impresión y venta de un tabloide con el texto definitivo, para que la ciudadanía pueda apreciar la magnitud de los resultados de esta labor de construcción colectiva.
En el tema que nos ocupa, por ejemplo, el contenido mejoró desde la Introducción, donde al enumerar las fortalezas y oportunidades con que Cuba cuenta, el documento reconoce “la universalidad de la política social que garantiza a todos sus derechos, con el acceso a los servicios fundamentales de educación, salud, cultura y deportes; la seguridad y asistencia sociales, así como la defensa ante todo tipo de discriminación lesiva a la dignidad humana”.
Lo más novedoso en la materia aparece sin duda en la definición de los principios de nuestro socialismo que sustentan el Modelo: “El reconocimiento moral y jurídico de la igualdad de derechos y deberes de la ciudadanía y de las garantías para hacerlos efectivos con equidad, inclusión, justicia social, participación política, superación de las brechas sociales, respeto a la diversidad y el enfrentamiento a toda forma de discriminación por color de la piel, género, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, origen territorial y nacional, creencia religiosa, edad y cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana”.
Esta minuciosa proclamación de intenciones está en sintonía con la tradición humanista y de emancipación social que distinguió a la Revolución desde sus inicios, y retoma elementos novedosos cuyo enunciado comenzó en la Primera Conferencia Nacional del Partido luego del VI Congreso, los cuales ahora se amplían y perfeccionan.
Sobresalen en este punto la mención de la orientación sexual y la incorporación —por primera vez en un documento político programático— del término identidad de género, condiciones ambas cuyo reconocimiento como causa de discriminación son fruto de un aprendizaje social cubano de ya más de una década, el cual permitiría en el futuro materializar nuevas políticas públicas y leyes para superar la homofobia y la transfobia todavía presentes.
Este propósito inclusivo quedó, además, mucho más explícito en el capítulo que describe las características principales de la política social. Al enumerar los factores vinculados a la prosperidad y el bienestar, enfatiza en primer lugar “la consolidación y el enriquecimiento de los valores de nuestra sociedad, la justicia y equidad sociales, la igualdad de oportunidades, la no discriminación por cualquier distinción lesiva a la dignidad humana”.
En otro salto cualitativo, los derechos y deberes económicos y sociales ahora los preside esta idea: “El Estado, el Gobierno, la familia, los individuos, la comunidad y la sociedad civil, promueven las acciones que a cada uno compete para la satisfacción de las necesidades sociales y económicas, fomentar las capacidades de todos los segmentos poblacionales —en particular las mujeres, adultos mayores, la niñez, la juventud y las personas con discapacidad— así como prevenir y enfrentar todas las formas de discriminación lesivas a la dignidad humana, y las manifestaciones de violencia en las relaciones interpersonales y entre colectivos”.
La Conceptualización también añadió el rechazo a estereotipos discriminatorios en cuestiones de diseño y publicidad; y lo que es todavía más significativo: mantuvo igual postura al reafirmar “el ejercicio responsable de los derechos y deberes laborales de los trabajadores en todas las formas de gestión y de propiedad, con justicia social y sin discriminación”.
No obstante, una alerta resulta imprescindible. No basta con que tengamos estos acuerdos del VII Congreso del Partido, ahora mucho mejor plasmados luego de que los documentos fueran a una consulta popular cuya importancia estratégica —política y práctica— la vida demostró. En esta lucha contra todo tipo de discriminación habrá que dar todavía mucha pelea para que estos principios se comprendan y apliquen en todo su alcance y profundidad.
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