Un ejercicio conducido por la Contraloría General de la República de Cuba durante el primer trimestre de este año indicó el bajo perfil que como tendencia se le concede al Decreto 315/2013 del Consejo de Ministros, Reglamento para el tratamiento y gestión de inventarios, en particular de lento movimiento y ociosos.
Los resultados del examen arrojaron falta de prioridad en la evaluación de un asunto que no ha estado en el centro de la agenda de las entidades cubanas, algunas de las cuales lo llevan al consejo de dirección pero no con la profundidad que se requiere.
Al adelantarle en exclusiva a Trabajadores las señales de esta suerte de diagnóstico, el vicecontralor general, Reynol Pérez Fonticoba, estimó que de manera general los inventarios de lento movimiento y ociosos no se constituyen aún en fuentes de aseguramiento del plan y el presupuesto del Estado, y en algunos lugares ni siquiera se había designado el gestor de la actividad, la persona que dentro de sus funciones atienda también la estratégica responsabilidad, precisó.
Pérez Fonticoba explicó que aunque el estudio reveló la necesidad de actualizar el Decreto 315 y sus disposiciones complementarias, en busca de mejorar la eficiencia en el tratamiento a estos tipos de inventarios, la situación hubiera sido favorable de haberse aplicado de modo correcto su contenido, pero “existe indisciplina empresarial y ello impide mejor gestión”, estimó.
El aporte informativo de mil 842 empresas y mil 717 unidades presupuestadas reveló la existencia de problemas con el empleo de procedimientos medibles del control de los inventarios, con la identificación de cuáles son de lento movimiento y cuáles ociosos, y con el uso del CPCU, el clasificador de productos cubanos, la esencial herramienta determinante para conseguir óptima comercialización.
El Vicecontralor General identificó como una de las utilidades notables del ejercicio el fomento de conciencia sobre lo perentorio de no acumular recursos y de poder utilizarlos en función de la economía, lo que ayudaría, puntualizó, a disminuir importaciones.
Calificó de positiva la rápida reacción que —como respuesta a las recomendaciones dejadas— se produjo en varios territorios, los cuales de inmediato realizaron ferias expositivas o comerciales, alternativas para sanear los almacenes de insumos inmovilizados.
Pérez Fonticoba ponderó el desempeño de los dúos de contralores y auditores que visitaron empresas y organismos en cada una de las provincias, “lo que posibilitó en solo tres meses realizar tan valioso levantamiento”, acotó.
Especialistas de los ministerios de Comercio Interior, de Finanzas y Precios y de Economía y Planificación colaboraron en una indagación en la que también intervino la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.
Aportaron información un total de 26 organismos de la administración central del Estado, 42 organizaciones superiores de dirección empresarial, y todos los consejos de administración provinciales y municipales y el municipio especial de Isla de la Juventud.
