Revertir el deterioro del fondo habitacional y el déficit de vivienda es el objetivo de la estrategia presentada por el Ministerio de la Construcción (Micons) ante diputados de las comisiones de Industrias, Construcciones y Energía y Asuntos Constitucionales y Jurídicos, en la sesión matutina de la última jornada de trabajo de esos grupos que funcionan de manera permanente en el Parlamento.
Diez años es el tiempo en que debe estar cristalizado lo propuesto en ese programa, que da cabida no solo a los organismos de la Administración Central del Estado involucrados, sino, con preponderancia, a los órganos locales del Poder Popular y a la población.
Más allá de las medidas a adoptar y las decisiones que eliminen situaciones subjetivas que pesan en ese importante programa, Santiago Lajes Choy, presidente de la comisión de Industrias, Construcciones y Energía, puntualizó que lo que seguirán chequeando es el incremento en la edificación de inmuebles, que los trámites de la población se agilicen y se den soluciones dentro de la legalidad.
Asimismo subrayó que es vital la materialización del dinero destinado por el Estado para los subsidiados, ascendente en estos momentos a más de mil millones de pesos, que por una u otra razón no ha derivado en el objetivo para el cual está previsto: la edificación de una célula básica habitacional o distintas gradaciones de rehabilitación.
Casi tres horas dedicaron los diputados de las citadas comisiones a comentar las proyecciones informadas por directivos del Micons y el Instituto de Planificación Física y añadir una lista de preguntas que engrosaron la propuesta de recomendaciones aprobadas al final del encuentro.
Muchos se pronunciaron porque las cooperativas no agropecuarias estén vinculadas a los planes de construcción de viviendas en cada territorio, y algunos particularizaron en situaciones que hoy lastran la permanencia de fuerza laboral en áreas agrícolas, como es el caso de Sancti Spíritus, según dijo la diputada Yudith Pérez, quien en su exposición se refirió a la potestad que tienen los gobiernos locales para autorizar el cambio de uso de instalaciones, y sin embargo una normativa del Ministerio de Economía y Planificación resuelve que toda aprobación debe partir del nivel central.
El diputado Rafael López, por la provincia de La Habana, enfatizó en un viejo asunto como el papel que deben desempeñar los inversionistas para velar por la correcta construcción de las viviendas y la falta de fuerza de trabajo calificada, que escasea cada vez más por el éxodo hacia otras entidades del sector donde reciben mejor remuneración o hacia formas de gestión no estatales.
La necesidad de potenciar la producción local de materiales de construcción y que se empleen tecnologías más avanzadas para erigir viviendas estuvo entre los pronunciamientos, ya recogidos en la estrategia presentada por el Micons.
Esta ya tiene ejemplos de puesta en práctica con el aumento de capacidades en la elaboración de elementos prefabricados, y negociaciones con firmas extranjeras a fin de incrementar la disponibilidad de mantas impermeabilizantes, y la producción de panelería de yeso y cemento, lo cual acrecienta la productividad y aporta más durabilidad y calidad, precisó el ingeniero Ángel Vilaragout, vicetitular del Micons.
