Un tema de singular incidencia en la población: los equipos de medición y pesaje en el comercio minorista, su adquisición, mantenimiento y reparación, así como la forma en que son accionados por los trabajadores del sector, fue ampliamente debatido este martes en el Palacio de Convenciones de La Habana por los parlamentarios de la Comisión de Atención a los Servicios.
La ocasión constituyó escenario propicio para que los diputados valoraran como halagüeño el trabajo realizado hasta el momento por el Ministerio de Comercio Interior, aunque destacaron las grandes insatisfacciones que aún tiene por delante el llamado programa de aseguramiento metrológico que lleva adelante ese organismo.
Por su parte, Mary Blanca Ortega, ministra de Comercio Interior, puntualizó que la necesidad de calibrar los equipos de medición y pesaje, así como su verificación y mantenimiento, es algo aún no resuelto. “A pesar de ello se ha avanzado luego de la aprobación de la política a seguir, así como en la vinculación con el resto de los organismos vinculados al tema”, refirió.
Con ello la titular reconoció las muchas aristas que se deben resolver, y destacó las dificultades financieras que conspiran contra la adquisición de esos equipos. “Entre el 2015 y el 2017 se debieron sustituir poco más de 20 mil 500 pesas y balanzas, pero solo pudimos cumplir con el 19,7 % de los equipos previstos”, dijo.
La implementación del Sistema Internacional de Unidades está íntimamente ligada con la más exacta relación entre kilogramos y libras, y entre las preocupaciones más reiteradas de la población se encuentran las violaciones de las normas, el etiquetado, envase y almacenamiento de los productos que se comercializan. “Se trata de situaciones que tienen que ver con indisciplinas e ilegalidades de quienes brindan esos servicios”, afirmaron.
Varios parlamentarios detallaron con fuerza lo que ha logrado el programa, sus avances, pero otros ─más allá de esa realidad─ basaron sus intervenciones en la gran afectación que sufre la población en la comercialización minorista.
“No hemos podido darle una satisfacción a la población en este tema, en especial con productos de la canasta familiar normada”, afirmó una diputada, mientras otros expusieron las muchas laceraciones que provocan el mal proceder de no pocos trabajadores por cuenta propia, algunos de los cuales, incluso, han roto sus equipos de medición digital en aras de mayores ganancias.
El debate sirvió para comprobar lo imprescindible de una más profunda fiscalización y control, de hacer más fuertes las medidas que contrarresten el delito y las ilegalidades y en capacitar más a los trabajadores para la creación de una cultura metrológica.
Para la diputada Susana Acea, de Centro Habana, el asunto principal es que aún el programa de aseguramiento metrológico no tiene la coherencia necesaria.
“En los niveles superiores hay conocimiento del citado programa, incluso en los consejos populares ─estructuras territoriales de gobierno─, pero si la población desconoce lo que se está haciendo y es afectada, entonces se queja y no puede aplicar su papel controlador”, sentenció.
