Vivian Bustamante Molina y Ariadna Pérez Valdés
Al ciudadano le satisface y da seguridad el respaldo legal, pero si además tiene el apoyo generalizado de sus congéneres, el beneplácito adquiere connotación inimaginable.
La denuncia por discriminación racial de la joven Yanay publicada el pasado lunes en esta sección ha recibido decenas de comentarios en la web y las redes sociales de Trabajadores, así como en su sección Buzón abierto, adonde también llegaron llamadas repudiando una actitud y comportamiento imperdonables y repelidos en cualquier parte del mundo.
Siempre pensamos dar seguimiento al caso y quiénes mejor para esclarecer y ofrecer una información preliminar que expertos de la Fiscalía General de la República (FGR), representada en los fiscales Rafael Ángel Soler López, jefe de la Dirección de Atención a la Ciudadanía de ese órgano, y Elizabeth Sosa Prego, especialista en la propia Dirección.
Cuba es un mosaico de razas
En Cuba no hace falta una ley contra el racismo porque existen normas jurídicas como la Constitución de la República y el Código Penal, que tienen artículos relacionados con la proscripción de la discriminación por raza, sexo y género, y refrendan el derecho de todo ciudadano a la igualdad, precisó el fiscal Soler López.
Las leyes de un país —indicó—, deben parecerse a su sociedad, y las que tenemos hoy son proporcionales a nuestra tranquilidad ciudadana, y constituyen herramientas eficaces y eficientes, lo que hace falta es que se cumplan.
El jefe de la Dirección de Atención a la Ciudadanía de la FGR refirió que en esta institución se han recibido llamadas indagando sobre las consecuencias del hecho, que calificó como un delito punible, tanto desde el punto de vista legal como moral.
Esta nación es un mosaico de razas, de indígenas, africanos, españoles y chinos, y no es saludable, ni ético, que ocurran muestras de esa índole, contra las que debe haber una respuesta enérgica, subrayó.
Por su parte, la fiscal Sosa Prego puntualizó que el Código de Trabajo resulta otra norma legal en la cual queda refrendado que el Estado se esfuerza por crear todas las condiciones que propicien la realización del principio de igualdad.
Y enfatizó en esa condición, pues el delito por el que se impugna al chofer va más allá de la raza, en tanto abarca el precepto de equidad y justicia para el ciudadano. Agregó que la Mayor de las Antillas está suscrita a convenciones internacionales en contra de todo tipo de discriminación y en correspondencia ha atemperado sus ordenanzas jurídicas respecto al tema.
Cortar las alas
Sobre si prosperará o no la denuncia, el fiscal Soler López aclaró que no se puede anticipar cuál será el final del proceso. Podemos asegurarles —dijo—, que la FGR, de conjunto con los organismos especializados, se encuentra investigando para poder probar el ilícito penal ante los tribunales. Entre tanto, el chofer está detenido.
Asimismo, la fiscal Sosa Prego destacó que la calificación del delito es provisional, pues puede variar en correspondencia con el resultado de las pesquisas.
Defendemos nuestros valores
Ambos fiscales significaron que no se está defendiendo solo a Yanay, sino a nuestra sociedad y los valores por los que siempre hemos luchado. Sobre los procedimientos que debe seguir la persona para denunciar lo que considera ha lacerado o violado sus derechos, manifestaron que la primera instancia es la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), lo cual no limita que lo haga en la Fiscalía, la cual tiene la obligación de dar cuenta a los primeros cuando se trate de un trámite de acción penal como el evento que nos ocupa.
El ciudadano perjudicado tiene que saber que para cada tipo de delito existen las vías legales con vistas a encauzar su reclamación, y el delincuente, que hay un marco sancionador para castigar su violación, concluyeron.
