Mientras en muchos países hay tendencia a diseñar y decretar políticas vinculadas con la privatización del agua, en Cuba se dirigen los esfuerzos a aprobar leyes que defiendan ese y todos los recursos naturales como patrimonio del Estado, en función de su utilización adecuada, para favorecer el desarrollo sostenible de la economía y de la sociedad.
Por ello esta semana en la agenda del Parlamento, previo a su noveno período ordinario de sesiones de la Octava Legislatura, será analizado el proyecto de Ley de Aguas Terrestres, que una vez suscrito permitirá perfeccionar lo legislado hasta hoy sobre el tema.
Es obvio que llevará a expresión más acabada la letra de la Política Nacional del Agua, aprobada hace un lustro, como lógica consecuencia de lo contenido al respecto en más de 12 Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.
Propósito esencial recogido en el proyecto de ley es ordenar de manera integral y sostenible la gestión del agua, que todos conocemos resulta un recurso finito, aunque no siempre se comprenden las medidas y llamados a emplearlo mejor.
Hoy, con más o menos intensidad, todas las provincias padecen de sequía, y algunas con una data de tres años. Si las lluvias son cada vez más escasas y constituyen nuestra principal fuente de obtener el preciado líquido, es innegable que ahorrarlo y usarlo de manera eficiente necesita más que exhortaciones y llamados a la conciencia.
Para eso, entre otros asuntos, es importante la Ley de Aguas Terrestres que, dada su incidencia a nivel de sociedad, su proyecto fue sometido en el 2016 a consulta con diputados, representantes de los organismos de la Administración Central del Estado y la población. Fue un proceso ponderado por especialistas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) por la profundidad de los debates, de los cuales derivaron propuestas de modificaciones y aclaraciones, más de la mitad de ellas llevadas al documento pronto a discutirse.
Asegurar el desarrollo sostenible
El contenido de esta norma legal hay que verlo desde el punto de vista ambiental porque trata sobre la gestión y el manejo de un recurso natural; pero también jurídico, pues en todas las actividades en que se realiza interacción con el agua se han construido normas, dijo a Trabajadores Edilberto Pérez Blanco, asesor jurídico del INRH.
Al ampliar sobre este aspecto expresó que fue compleja la elaboración del texto, pues hubo que tener en cuenta todas las regulaciones relacionadas y que atañen a varias ramas y actividades como las de medio ambiente, de minas, forestal, de manejo de zonas costeras, de navegación, que incluye la fluvial, tributaria, por el pago de impuestos y sanitarias.
Este proyecto se nutre de la experiencia acumulada en el país en el uso de dicho recurso y el papel ejercido por Cuba en la arena internacional para el reconocimiento del acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano, precisó el especialista.
De ello se infiere que para trazar la Política y posteriormente trabajar en el proyecto de ley y su Reglamento fue inevitable elaborar un diagnóstico profundo sobre las dificultades de toda índole que inciden en el camino del agua, desde las fuentes de donde proviene hasta su distribución y entrega.
Y como las implicaciones son multisectoriales, las estrategias que se proponen también llevan ese mismo sentido, aunque seamos el organismo rector, amplía el máster Bladimir Matos Moya, vicepresidente del INRH.
En dicho cuerpo legal se establece un régimen normativo que permita, tanto a personas naturales como jurídicas, disponer de una herramienta para asegurar el desarrollo sostenible al que aspiramos, donde el agua desempeña un rol fundamental, pues debemos pensar en las futuras generaciones y eso la ley pretende ordenarlo, subrayó.
Por supuesto que para lograrlo —puntualizó—, además de tratar temas muy técnicos vinculados a la gestión integrada del agua; apunta a otros como el ordenamiento de las cuencas hidrográficas, y a la importancia que tiene en el plan de la economía, a través del denominado balance de agua.
Llegar a la propuesta de una norma jurídica de esta envergadura obliga a recordar el surgimiento de la voluntad hidráulica, diseñada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y que implicó la ejecución de numerosas obras como presas, canales, derivadoras y sistemas de riego, las cuales ubicaron al país en posición favorable para tener más agua. Y recuerda solo un dato: al triunfo de la Revolución la capacidad de embalse era de 48 millones de metros cúbicos y hoy sobrepasa los 9 mil millones de metros cúbicos.
Sin embargo, no basta con eso, pues las instalaciones han sufrido deterioro, sobre todo a partir de los años 90, con la lógica reducción de capacidades que es necesario recuperar, y en función de ello también está prevista la estrategia, al igual que respecto al servicio de acueducto y alcantarillado, uno de los planteamientos más comentados en las consultas, reconoció el funcionario.
Hoy y mañana
Hay Lineamientos puramente relacionados con los recursos hidráulicos, y otros que de alguna forma los tienen en cuenta, pues por ejemplo, las inversiones requieren agua para su funcionamiento, como las turísticas, las viviendas, la agricultura…
Y cómo hacerlo mejor, más eficiente, forma parte del cuerpo de la futura ley, que dedica acápites a las zonas de protección de las aguas terrestres y la declaración de cuerpos de agua superficiales y subterráneos sobrexplotados o en riesgo de estarlo, porque si esto último ocurre podría perderse definitivamente el embalse o cuerpo de agua. De ahí que para situaciones complejas como esas se establecen programas de regularización a fin de adoptar las medidas pertinentes, refiere el vicepresidente del INRH.
Igualmente reafirmó un tema bastante polémico como es la servidumbre en materia de aguas terrestres, que es la acción de dar acceso al agua, pues en ocasiones para lograrlo hay que pasar por propiedades de un particular o del Estado, de ahí que es posible establecer el permiso de manera voluntaria, u obligatoria por pronunciamiento del tribunal.
Tal término es novedoso en esta ley pero en la práctica tiene aplicación en actividades como el manejo de zonas costeras, la Ley de Minas y en el Código de Seguridad Vial, señaló.
Si desde el principio hablamos de sostenibilidad, entonces resulta elemental que este proyecto de ley haga hincapié en la reutilización y el reciclaje del agua, y por ende, en el empleo de tecnologías eficientes. También en un tema que constituye nuestro pan de cada día: la prevención y respuesta ante eventos extremos como las inundaciones y la sequía, y la adaptación al cambio climático.
