Por Betty Beatón, María de las Nieves Galá, Gretel Díaz Montalvo y Eduardo González Martínez
La vida demuestra que a pesar del chequeo, la supervisión y las medidas de todo tipo, la cuenta del diésel no siempre da exacta. “Existe una zona donde por encima están los controles y por debajo subyace el desvío”, tal es el criterio de Francisco Lorenzo González, subdirector de Energía de la Dirección Provincial de Economía y Planificación en Pinar del Río, y los hechos le dan la razón.
“Si necesitas petróleo sé quién lo tiene a 10 pesos el litro”, explica Ernesto, un joven camagüeyano que para mantener sobre la carretera el almendrón que heredó de su abuelo confiesa ser cliente habitual del mercado negro. Su caso no es excepción, más bien parece ser regla que se confirma en las palabras de un santiaguero, quien accedió a dialogar pero sin revelar su nombre.
“Tengo un camión y tiro a Bayamo, a 20 pesos el pasaje, pero si es hasta Contramaestre son 10. El consumo es de 100 litros ida y vuelta, y la capacidad de hasta 50 personas. Como promedio recaudo en un viaje unos 2 mil 500 pesos, justamente lo que me cuesta el combustible… no hace falta saber de matemática… la cuenta no da”, alegó. Realmente, a quien no le da la cuenta es al Estado.
Si bien en las provincias de Santiago de Cuba, Camagüey y Pinar del Río el control del combustible, en particular el diésel, asignado a las entidades estatales se muestra más riguroso en lo que va del 2017, aún quedan brechas por cerrar. Así lo reconocen todos aquellos que se involucran en el uso y supervisión de este portador energético: administrativos y choferes de empresas, directivos de la Oficina Nacional del Uso Racional de la Energía (Onure), e incluso, transportistas privados cuyos vehículos trasladan pasajeros en los mencionados territorios, para quienes en los últimos meses “resolver” petróleo “por la izquierda” se ha puesto “bien difícil”, mas no imposible.
Según destacó a Trabajadores la licenciada Elaine Moreno Carnet, directora general de la Onure, el consumo de diésel en casi toda la nación es alto, fundamentalmente en aquellos que tienen elevada producción agrícola, cuentan con acerías o poseen grandes bases de transporte. El país, subrayó, tiene un grupo de regulaciones importantes que abarca todos los aspectos del control. “Pero todavía nos quedan grietas, pues no se cumplen los procedimientos establecidos”, expresó.
Entre ellas mencionó la falta de seguimiento a los índices de consumo en función de los niveles de actividad que se generan, así como de los datos que proporcionan el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y los odómetros. “Muchas veces no los analizamos.
El GPS no solo sirve para el control de combustible, también para ver la eficiencia con que trabaja el equipo. Sin embargo, no se descargan o se alegan problemas técnicos. “Consideramos que en ese caso es doble el daño porque invertimos en un equipo tecnológico y no se le da el uso adecuado”, aseveró.
Resaltó la importancia de controlar las tarjetas magnéticas, pues un alto porciento del diésel está en estas. “Otro porciento se extrae de los servicentros a través de pipas excepcionales, que son, por ejemplo, para la maquinaría agrícola. Eso está permitido, con un nivel de excepcionalidad y regulación; sin embargo, muchas veces, estas pipas carecen de flujómetros e incumplen un grupo de regulaciones de control, lo cual las hace vulnerables para el desvío del combustible”. Afirmó que de conjunto con un grupo de organismos de la nación, lidereados por el Ministerio de Energía y Minas y la Onure, se han establecido mecanismos de control que permiten evaluar esa información y ver cómo se está comportando en el país.
“En esencia, el alcance es razonable porque tenemos direcciones en todas las provincias”, acotó y explicó que las inspecciones están estructuradas teniendo en cuenta los centros que más consumen y que mayor incidencia tienen en la economía. Entre los más representativos, Elaine enumeró los ministerios de Agricultura, Transporte, Energía y Minas, Industrias y la Construcción, así como el grupo empresarial Azcuba.
Una alerta
Precisamente, según datos de la Onure en las tres provincias anteriormente mencionadas, la Agricultura se reitera como organismo en el cual —con cierre en el mes de marzo—, varias dependencias mostraron problemas en el control del referido portador energético. Dígase la empresa pecuaria Punta de Palma, en Vueltabajo; el Grupo Empresarial Flora y Fauna y Frutas Selectas, en la tierra de los tinajones; y la Avícola, las agropecuarias Mella y La Maya, y las unidades empresariales de base (UEB) Mariano López y Talleres Agropecuarios, en la región indómita.
En particular, en Pinar del Río hay cuestiones que penden como espada de Damocles sobre el sector, relacionadas con la variación que en circunstancias muy puntuales muestra la venta de combustible en los Cupet. “Oscilan ligeramente, señaló Severino Santana Fernández, director de Fiscalización de la Onure, en caso de déficit en lo estatal estas suelen aumentar; durante la zafra tabacalera, con grandes asignaciones de diésel, las ventas disminuyen.
Mientras más tiene el sector estatal menos se vende”, aseveró el especialista. Pero no es solo en el ámbito agropecuario donde hasta el cierre de marzo se dieron irregularidades en el control de ese portador energético, también estuvieron involucradas dependencias de los ministerios de la Construcción (la santiaguera UEB hormigón Los Guaos), de la Industria Alimentaria (Cubana del Pan y combinados cárnicos de Santiago de Cuba y Palma Soriano), del Transporte (Empresa Provincial de Transporte Camagüey) y del Instituto de Recursos Hidráulicos (Acueducto y Alcantarillado del territorio agramontino).
Mes por mes las empresas tienen que presentar ante especialistas de la Oficina los documentos que muestran y demuestran el camino que tomó cada litro de combustible, y tras una evaluación de rigor muchas deficiencias han visto la luz.
Los argumentos expuestos por los directivos de la Onure en Camagüey y Pinar del Río coinciden de manera general con los que detalló a Trabajadores su homólogo santiaguero, Joaquín Cos. “No en todos los consejos de dirección este tema se analiza con profundidad, las hojas de rutas tienen errores en su confección y existen incongruencias de los datos consignados en cuanto a los kilómetros recorridos contra la cantidad de combustible extraído según comprobante”. Una vez conocidos los problemas cada administración señalada aplica medidas para enmendar lo mal hecho.
Algunas tienden a la solución definitiva de los errores detectados pues ponen más rigor en el control, aplican sanciones laborales, capacitan a los choferes en torno al llenado de las hojas de ruta, y buscan contrapartida en la revisión de la documentación, así como actualización y certificación de las tablas de distancia.
Conforme a ello se trabaja en la pecuaria pinareña de Punta de Palma, además de la Avícola, Talleres Agropecuarios y Cubana del Pan de Santiago de Cuba, sin que ninguna de las decisiones adoptadas para “apretar la tuerca” trajeran consigo prejuicios mayores. Pero no ocurre igual en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Camagüey.
Manuel Estévez Quesada, al frente de la dirección interna de esta última entidad explicó que para ellos el problema está en el aumento de los índices de consumo por los kilómetros que deben rendir los carros fosa para botar desechos.
“Cuando nos recortaron la cantidad de combustible supimos que se debían cambiar los puntos de vertimiento, pero hasta la fecha el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente no ha certificado nuevas fosas de desagües y las distancias que tenemos que recorrer no se corresponden con lo previsto y se disparan los índices de consumo.
“Entonces la solución ha sido reducir las extracciones de las fosas y priorizar las que han arrojado como positivas a las larvas de mosquitos Aedes aegypti u otro transmisor. Esto provoca que el ciclo de evacuación se alargue y aumenten las quejas de la población”.
Cuando se cumplen los procedimientos
En la UEB Transportación Santiago (Transcupet) asumen una doble responsabilidad con el control del combustible. No solo tienen que velar por un uso óptimo de lo asignado para mover los 40 vehículos que posee la institución, sino también por el que distribuyen.
Dicha UEB, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, es la responsable de llevar mensualmente a diferentes lugares de la provincia de Santiago de Cuba —y en ocasiones a Manzanillo, Baracoa, Holguín y Cayo Coco— unos 17 millones de litros de líquidos como el turbo combustible, fueloil, diésel, gasolina, keroseno y alcohol. En correspondencia con tan alta misión se adoptan medidas de rigor para evitar el desvío de tan importantes productos, cuestión en la cual administración y sindicato andan de la mano.
En diálogo con directivos y trabajadores de allí conocimos que las instrucciones instituidas para el control del combustible de insumo, es decir, el que consume el transporte de carga y el administrativo, se aplican y supervisan diariamente, sostenidas en lo fundamental sobre el GPS. Según precisó Gabriela Gutiérrez Acosta, jefa de ese departamento, están definidos 18 procedimientos que posibilitan un conocimiento exacto del recorrido de cada vehículo, lo que permite alertar y adoptar medidas inmediatas si se diera el caso de algún desvío.
“Ahora incluso estamos en mejores condiciones técnicas, acota, pues los dispositivos GPS fueron modernizados, los actuales son IRIS 807 con un sistema de descarga por bluetooth (sin cables, ni conectores y la posibilidad de sincronizar y compartir la información que se encuentra almacenada) lo que eleva la eficiencia, en tanto impide la posibilidad de manipular la trayectoria”.
Rodríguez Robleda
No obstante el uso de la tecnología, en la UEB Transcupet de Santiago de Cuba se aplican otras medidas de control que también arrojan resultados favorables gracias, sobre todo, a la rigurosidad y sistematicidad. Según precisan, en el orden administrativo se hacen supervisiones sorpresivas durante la carga en la refinería y la descarga en cualquiera de los sitios establecidos: servicentros, batería de grupos electrógenos, entre otros lugares.
“Ante cualquier violación, dice Wilfredo Torres Rondón, director, se realiza el análisis correspondiente y se adoptan las medidas necesarias, el año pasado, por ejemplo, tuvimos que imponer 12 medidas disciplinarias y 33 responsabilidad material de acuerdo con el Decreto 249, el cual ya se aplicó a unos 10 compañeros en lo que va de 2017”.
Por otro lado, en el orden sindical, se propicia un diálogo permanente con los trabajadores en función de “recordarles la gran responsabilidad que tienen en sus manos”, alegó Camilo Feria, chofer y secretario general de una de las secciones sindicales del centro.
Con la mirada de todos
De acuerdo con las palabras de Fermín Umpierre Iraola, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte y Puertos en el país, mientras se desvíe un litro de combustible su análisis debe estar en las asambleas sindicales.
Sin duda, “todavía es una asignatura pendiente porque aparecen hechos extraordinarios asociados a la sustracción de combustible donde están involucrados trabajadores nuestros”. Refirió que, entre otros elementos, los afiliados, en sus asambleas, deben examinar cómo se comporta el índice de consumo de los equipos que ellos conducen, cómo está la rotación de esos medios, tanto de las casillas de carga como de los camiones y contenedores.
“No se puede permitir que los camiones hoy se utilicen de almacenes. Cuando un carro no es descargado y tiene que retornar a la base para quedarse ahí una noche, es un caldo de cultivo para que la carga y el combustible puedan ser objeto de sustracción”, añadió. Umpierre destacó que los colectivos tienen que estar al tanto de los resultados de las inspecciones que realiza la Onure.
“En algunos centros ha sido desfavorable y es ahí donde el sindicato tiene que ser combativo, involucrar a todos los trabajadores en los planes de ahorro, en velar por el empleo eficiente de estas materias primas. Hoy el combustible es un recurso que se dilapida, el sector nuestro no es el único, pero sí el que más aporta”. Para José Cabrera Cabrera, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Energía y Minas (SNTEM), es responsabilidad de la administración establecer sistemas organizativos y técnicos que permitan un uso racional del combustible y evite su desvío.
“Cuando tenemos esa herramienta, el sindicato tiene que exigir porque se garantice la realización de los mantenimientos de los equipos y las tecnologías, según los procedimientos requeridos a fin de mantener la eficiencia. “Es vital que el trabajador conozca el índice físico de consumo de los equipos, me refiero una máquina herramienta, una turbina o cualquiera de los equipos que usamos en el sector y unido a ello, el transporte.
“Muchas veces sucede que se remotoriza un carro y no se actualiza el índice de consumo, sin embargo, ese operario sigue recibiendo el combustible como si el motor de su equipo estuviera en mal estado técnico”. Desde su punto de vista, se necesita más capacitación, “primero porque hay fluctuación de la fuerza de trabajo, y segundo porque hay cambios de tecnologías, y eso está ligado con los índices de eficiencia”. Añadió que cuando ocurre un delito y se desvía combustible, falta exigencia administrativa y combatividad de los trabajadores en el enfrentamiento a este asunto.
A fin de seguir perfeccionando los mecanismos de control, desde el mes de febrero de este año la Onure inició un proceso de conciliación y despacho con todos los consumidores de combustibles, en el cual las entidades deben demostrar por niveles de actividad y por equipos, el consumo que han tenido estos. “Nosotros lo evaluamos, después se hacen comprobaciones en el terreno. Eso ha permitido que se detecten problemas desde la base, no solo la UEB, sino, el centro, el taller.
El país ha llevado a la gente a ordenar un poco el control que tiene sobre el portador”, dijo Elaine Moreno, directora de la Onure. Reconoció que aún quedan “muchísimas brechas”, pero consideró que hay una mejor organización en los centros en ese sentido. “Es importante que todos los trabajadores conozcan esto y sepan lo que desde su puesto de trabajo pueden aportar en materia de control cumpliendo las funciones que les corresponden. “En esencia, para el control todo está establecido, lo que hay es que cumplirlo y hacer los análisis que se requieran porque a veces tenemos la información y no la analizamos”, apuntó.
