Por Caridad Carrobello
Hace algún tiempo un académico especializado en temas económicos me explicó que históricamente cualquier bloqueo ha determinado la forma de pensar la economía de los países. En el caso cubano —apuntó el experto—, como el asedio del Gobierno estadounidense impide desarrollar relaciones normales de comercio con otras naciones, durante un buen tiempo ha primado la decisión de acumular recursos.
Es decir, que como las fuentes de abastecimiento para garantizar los procesos productivos están en países lejanos, se han tratado de aprovechar determinadas oportunidades y reducir los elevados costos de transportación con grandes compras de mercancías. Estas son las que engrosan el exceso de inventarios en los almacenes.
¿Cómo hablar de ahorro y eficiencia dentro de una economía planificada si, luego de gastar en importaciones de equipos, materiales y otros medios, estos exceden las necesidades reales de las empresas y acaban añejándose, inútiles, olvidados?
Desde la década de los 80 del pasado siglo, la acumulación de artículos con lenta o escasa movilidad constituye un dolor de cabeza. Para hallar una solución, hace 34 años el Consejo de Ministros decretó un procedimiento de clasificación de dichos medios, por exceso, desuso o defectuoso, que permitiera a las instituciones implicadas depurar, gestionar o eliminar su existencia. Pero a tal punto llegó el cúmulo de los llamados bienes “de consumo, intermedios, y de capital”, que fue preciso establecer en el 2013 nuevas disposiciones jurídicas para facilitar su acceso y venta, de manera más rápida y eficaz.
La finalidad es que los recursos considerados ociosos o de lento movimiento, luego de un análisis minucioso de sus poseedores, puedan ser comercializados de forma mayorista dentro de la propia rama, fundamentalmente, o fuera de ella, cuando se agote la posibilidad de poseer un destino afín al sector.
Poca es la divulgación acerca de cómo avanza este proceso que involucra a organismos, organizaciones superiores de dirección empresarial (Osde) y más entidades, en correspondencia con lo establecido por los ministerios de Economía, y de Finanzas y Precios, para aprobar el destino de los inventarios sin provecho. Por otra parte, pudiera hacerse más pública la gestión a cargo de la empresa Comercializadora de Tecnología de la Información (Cedipad), subordinada al Grupo Comercializador de Productos Industriales y de Servicios del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN).
Seguir los pasos de los “ociosos y lentos” quizás no sea tarea tan fácil. Se sabe que algunas entidades económicas realizan contratos con Cedipad en las ferias y rondas de negocios celebradas en Expocuba, de cara a los planes económicos de cada año. Pero se desconoce en qué medida los receptores logran dar un destino útil a los medios adquiridos para sus actividades de producción o de servicios.
De cara a la raíz del problema hay una serie de interrogantes. Si bien el Decreto Ley No. 315, de noviembre del 2013, establece organizar un sistema de trabajo que permita a las entidades efectuar los procedimientos de control interno necesarios para evitar el fenómeno, así como estar pendientes de la existencia de determinados recursos en sus almacenes antes de elaborar los planes anuales y demandar el financiamiento para las importaciones, ¿por qué no todas las entidades cumplen fielmente con la indicación?
A lo anterior se añade que aún falta rigor en el análisis de las causas que provocan la existencia de los inventarios de lento movimiento y ociosos, así como qué se hará para reducirlos y evitar de nuevo las acumulaciones de cosas innecesarias.
Los consejos de dirección en cada empresa tienen la responsabilidad de hacer esas consideraciones, como indica el Decreto Ley No. 315; pero también en dichos procesos hay que darles voz a los trabajadores, pues sus criterios son importantes en la planificación de los recursos y el posterior aprovechamiento productivo.
*Doctora en Ciencias de la Comunicación
