Por más gestión del sindicato del turismo a todos los niveles, los empleados de las empresas mixtas de tan estratégico sector en el país no han podido beneficiarse este año de las nuevas tarifas aprobadas en la Resolución No. 16 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la norma retributiva complementaria de la Ley de Inversión Extranjera.
Aunque el asunto se mencionó en el informe presentado en el pleno del Comité Provincial de la CTC en Matanzas, las palabras del secretario general del buró sindical del hotel Sol Palmeras, Arnaldo Díaz, motivaron el debate sobre una afectación salarial que comenzó en enero y ya se extiende a la mitad del 2017.
“Mientras más tiempo pase es peor, porque los pagos retroactivos incluyen solo seis meses. Corremos el peligro de perder los ingresos de enero, febrero…”, advirtió el dirigente sindical, quien lamentó que hoy no pueda explicarles a los afiliados en qué punto está la Resolución No. 16.
“Hasta cuándo seguiremos diciéndoles que falta la firma de este o de aquel ministerio”, preguntó. Consuelo Baeza, miembro del Secretariado Nacional de la CTC, llamó a continuar exigiendo respuestas a las administraciones. “Los trabajadores merecen, más que explicaciones, una solución inmediata”, sentenció. El examen de los indicadores económicos y de empleo y salario arrojó que si bien al cierre de abril este occidental territorio no pagó sin respaldo productivo, sí sucedió en las empresas de Productos Lácteos, la Agropecuaria General Gusev, la de Aseguramiento y Servicios, y la Provincial de Alimentos, todas por encima del indicador de gasto de salario por peso de valor agregado bruto.
Isdalis Rodríguez Rodríguez, miembro del Comité Central del Partido y secretaria general de la CTC en Matanzas, calificó de favorable el comportamiento de la economía yumurina, saldos que no deben confundirnos, observó, por la cantidad de reservas existentes aún en la disciplina y aprovechamiento de la jornada laboral, las que deben revertirse en mayor eficiencia en la transformación de la materia prima y prestación de los servicios, instó.
La responsabilidad sindical de exigirle a la administración por el cumplimiento de las medidas garantizadoras de ambientes seguros y saludables constituyó un aspecto profundamente debatido, y en el que se concordó sobre la necesidad de ejecutar de manera óptima presupuestos de medios de protección, los que deben ser planificados con la misma importancia que un insumo vital para producir.
En el pleno se evaluó el proceso político de presentación del plan de la economía y el presupuesto, cuya incidencia principal se asoció con la reprogramación de un significativo grupo de asambleas debido a la tardía desagregación de las cifras pactadas para algunos sectores.
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