Cargando...El 15 de diciembre de 1999, con el apoyo del 71,19 % de los votantes, Venezuela aprobó la Carta Magna que rige actualmente. Cumplía así Hugo Chávez su promesa electoral de otorgarle al pueblo plenos poderes para legislar.
El proceso fue convulso, pero el indiscutible liderazgo de Chávez, la unidad de fuerzas de izquierda en torno al Polo Patriótico, así como el factor sorpresa y la determinación con que se actuó entonces, desarticularon la capacidad de respuesta de la derecha y sus partidos políticos tradicionales.
Según Israel López Montaño, licenciado de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, el orden jurídico establecido en 1999 actualizó el cuerpo legal en asuntos como los derechos humanos, introdujo algunas novedades acerca de la aplicación de la democracia participativa y la integración regional, reconoció la doble nacionalidad, protegió a las empresas básicas del Estado contra cualquier intento de privatización, creó nuevas instituciones para la administración del poder público, y potenció la participación ciudadana al establecer las figuras jurídicas de referendo consultivo y revocatorio.
Pero esto fue algo que no pudieron perdonar los sectores y estructuras políticas que habían sido beneficiados durante la llamada “cuarta república” (1953 hasta el triunfo del chavismo). Desde entonces un bando apostó por regresar al orden anterior, mientras el otro intenta consolidar un proyecto político-social inspirado en el socialismo.
Esa polarización ha generado una escalada de violencia que lleva en su récord un fracasado golpe de Estado contra Chávez en abril del 2002, un paro petrolero que ocasionó un perjuicio al Estado estimado en unos mil millones de dólares y, más recientemente, una campaña mediática que ha intentado satanizar el proceso revolucionario en la arena internacional y aviva la violencia interna.
“La derecha venezolana, auspiciada, financiada y tripulada por Estados Unidos está decidida a derrocar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Están en ese empeño desde que llegó a Miraflores”, asegura el fundador y director del Centro de Estudios de Economía y Política, de México, Miguel Ángel Ferrer.
El experto alerta que las protestas callejeras no podrían tumbar un Gobierno que cuenta con una amplia base popular como es el venezolano, pero crea un aparente caos que les permite pavimentar el camino a una intervención militar, tal como sucedió en República Dominicana (1965) y en Panamá (1989), donde los marines consiguieron lo que las derechas autóctonas no pudieron.
Legislativo por la paz
Frente a este panorama, el presidente de la República, con autoridad legal para hacerlo, firmó en la noche del pasado 1 de mayo en el palacio de Miraflores un decreto donde llama a una Asamblea Nacional Constituyente con vistas a «reformar el Estado y redactar una nueva Constitución».
«Convoco al poder Constituyente originario para lograr la paz que necesita la república, derrotar al golpe fascista y que sea el pueblo con su soberanía quien imponga la paz, la armonía, el diálogo nacional verdadero», defendió Maduro.
“La convocatoria ofrece una salida pacífica, democrática y constitucional a la situación actual», sostiene una nota explicativa publicada por el Gobierno, pues abre un espacio donde pueden participar todos los sectores y recomponer consensos sobre asuntos clave para el país.
Asimismo subraya la intención de desarrollar un proceso de elecciones en el que todos los poderes públicos se sometan a las urnas y evitar que sectores de la oposición continúen usando la violencia con fines políticos.
El proceso, lejos de una traición a Chávez, padre de la carta magna que ahora sería cambiada, debe entenderse como un perfeccionamiento de su plan revolucionario y socialista, reconocen sus defensores, pues entre los principales ejes del cambio figura convertir en ley las políticas sociales de las grandes misiones educativas, de salud, de cultura y de seguridad social; así como el derecho de los jóvenes al estudio, la vivienda y al financiamiento de sus planes personales.
Este domingo, mientras el ministro de Educación, Elías Jaua, coordinador de la Comisión Presidencial para fundar las bases del proceso, se reunía con los voceros del Poder Popular, los representantes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (Mud), anunciaban que no participarían en la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro.
“Aquí hay una Constitución, si el Gobierno cree que puede derogarla por vía de la fuerza está equivocado”, dijo Henrique Capriles en nombre de la Mud. Es paradójico que la derecha, la misma que tanto repudió la Constitución aprobada en 1999, hoy defienda esa carta magna y niegue la necesidad de una nueva Constituyente.
Testimonios
Aunque lejos de su tierra, el llamado de Maduro a la Constituyente no tomó por sorpresa a los venezolanos que se encontraban en Cuba para participar de los festejos por el Día Internacional de los Trabajadores. El licenciado en Derecho Carmelo González, secretario general de la Unidad Popular Venezolana (UPV), partido político que integra el Polo Patriótico, recordó a Trabajadores que Chávez siempre creyó en el pueblo y lo conminaba a participar.
“La política ya no es patrimonio de los políticos, es de todos, por eso el debate a que nos han llamado tiene una amplia acogida no solo entre los estudiantes universitarios y académicos, sino también entre obreros, indígenas, campesinos, la gente sencilla”, afirmó.
“El nuevo documento debería reajustar las sanciones penales contra la corrupción y la violencia, propuso el también concejal. No podemos permitir que los ladrones de cuello blanco, ni los asesinos, se sigan aprovechando de los resquicios del código penal actual”.
Hugo González, secretario de Relaciones Internacionales del partido Unión Socialista de Trabajadores (UST), del municipio Bolivariano Libertador, de Caracas, reconoció que es “difícil profundizar en el proceso revolucionario si no se trabaja sobre la conciencia de la gente, si no se propicia un cambio de mentalidad que permita derrotar al burgués que muchos llevan dentro.
“Durante la gestión de presidente Chávez el gobierno incorporó lo que hasta entonces eran demandas sindicales, sobre todo las mejoras salariales, explicó. Es hora de superar ese viejo estilo gremial de solo reclamar asuntos económicos y participar más activamente. La Constituyente será una nueva oportunidad para ello.
“Nos interesa que se tome en cuenta, por ejemplo, la necesidad de regular el margen de ganancia de las empresas que se benefician con la especulación, el acaparamiento y la plusvalía. Eso diluye cualquier beneficio del Estado, como ha sucedido con el 60 % del incremento salarial decretado recientemente”.
Más allá de propuestas más o menos sectoriales, los consultados coincidieron en que este llamado a la Constituyente abre un nuevo espacio para dirimir, entre venezolanos, el presente y futuro de la nación.
