Cuando en septiembre del 2013, el entonces administrador de la cafetería Tropical, en el municipio de Plaza de la Revolución, se alistaba para iniciarse en el experimento de las cooperativas no agropecuarias (CNA), admitió no tener temores y expresó a Trabajadores: “Nunca he visto a alguien que venda comida y quiebre”.
Sin embargo, la práctica ha demostrado que no es cosa de coser y cantar porque la nueva forma de gestión no estatal, que comenzó a ponerse en práctica en ese momento, requería cambiar la mentalidad de los hasta entonces trabajadores asalariados que pasaban a convertirse en socios.
Nos consta que no todos los que laboraban en instituciones seleccionadas para la experiencia quisieron quedarse en esos lugares, pues se atuvieron al principio de la voluntariedad que rige la creación de las CNA. Pero incluso, aquellos que aceptaron el reto no sabían hasta dónde tenía implicaciones el hecho de ser socio, aprobar sus estatutos y no seguir la rutina que hasta ese instante existía en su cafetería.
Muchos se esclarecieron a fuerza de probar una y otra vez, otros desistieron y buscaron nuevos empleos y varias de las CNA que en los últimos años se han creado, han comprobado que hace falta preparación para cumplir las expectativas que tienen trazadas, sobre todo, cuando de términos económicos se trata.
Aunque si bien la mayoría de las cooperativas corresponden al sector de comercio, la gastronomía y los servicios, diferentes sectores han engrosado ese modelo de gestión que contribuye a descentralizar la actividad empresarial y dar respuesta así a lo planteado en los Lineamientos Económicos y Sociales del Partido y la Revolución.
Para las CNA tiene que estar claro que a la par de constituir fuente de empleos productivos, solidarios y sostenibles, deben ser vía para elevar la calidad de servicios directamente vinculados a la población, como es el caso de la gastronomía, del transporte y la construcción.
Precisamente, de estas últimas se habla con regularidad. A menudo vemos obras que se levantan en instituciones estatales con el empleo de esos constructores. Argumentan empresarios que ejecutan rápido y con calidad; no obstante, estas no participan como debieran en obras sociales, dígase la construcción de viviendas, y prefieren aquellos trabajos en que mejor paguen.
Sin hablar del presupuesto —a veces excesivo— que pueda destinar una entidad X al pago de esos servicios, ¿no debería existir un compromiso obligatorio de esa CNA de ejecutar en el año un número determinado de obras relacionadas con el bienestar de la población, sin mirar más allá las cifras que engrosarán los bolsillos?
Estas nuevas formas de gestión que florecen en la actualización del modelo económico cubano tienen que mantener el principio de responsabilidad social, junto a su contribución al desarrollo planificado de la economía y al bienestar de sus socios y familiares.
En las conversaciones que hemos tenido con algunos de los cooperativistas, han considerado la necesidad de repensar la condición de que “las cooperativas pueden contratar trabajadores asalariados hasta tres meses en el período fiscal, para las actividades y tareas que no puedan asumir los socios en determinado período de tiempo”.
Hay que valorarlo, pero creo yo, casuísticamente, lo que no puede ser es que se convierta en la vía fundamental de sostener el trabajo en las CNA. Estamos en el camino de enmendar el experimento, consolidar lo bueno y trazar la ruta como es debido.
