Tras un año de masivo y pertinaz escrutinio, la Resolución No. 6/2016 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre formas y sistemas de pago, continúa como un documento legal más atemperado a la realidad de la economía cubana actual y aunque demostró mejoras salariales en el sector empresarial, aún resta mucha tela por donde cortar.
Y es que el tema del ingreso monetario a partir de las medidas en vigor desde el primero de abril del pasado año toca el bolsillo —y por tanto, la vida— de cientos de miles de trabajadores, quienes con muy sólidos criterios contribuyeron a desterrar el anterior cuerpo legal.
Si en el 2015 el salario medio en las empresas cubanas concluyó en 779 pesos, un año después esa cifra se elevó a 824, un discreto incremento no exento de polémica, pues un significativo número de trabajadores hoy cobra por debajo de ese nivel, en contraposición con las más de 90 empresas que aún pagan alguna remuneración sin respaldo productivo, aunque a decir verdad, donde más se produjo, se ganó más.
Milagro de la Caridad Pérez Caballero, del Secretariado Nacional de la CTC, reiteró a Trabajadores, entre otros aspectos positivos de la Resolución, la protección hasta el nivel del salario escala por incumplimientos de indicadores directivos y límite; el posible ajuste de estos en casos excepcionales y por razones no imputables a la empresa; y el contar con un reglamento que se aprueba en el consejo de dirección, previo acuerdo con la organización sindical.
Especial atención brindó la sindicalista al hecho de poder formar, deducir y distribuir salario a nivel de UEB, independientemente de los resultados de la empresa, pero lamentó que tal indicación no se cumple en todas las UEB con condiciones técnico-organizativas, económicas y contables para ello.
Asimismo refirió que el movimiento sindical continúa abogando por el incremento del número de trabajadores en destajo, “ya que es el más exacto para mostrar la riqueza creada y para medir los niveles de eficiencia, calidad y el mayor control de los recursos”, agregó.
Puntualizó lo imperioso de garantizar la formación del salario y la utilidad a partir de la eficiencia generada y no por inejecuciones de partidas de gastos que puedan conllevar la descapitalización de la entidad y al deterioro de las condiciones laborales.
Las acciones en vigor levantan las más disímiles apreciaciones, la mayoría de las veces según el grosor de lo que va al bolsillo; mas algo resulta claro: el problema salarial no se elimina con una norma legal, sino con mayor producción de bienes y servicios. “La norma es un paliativo a las dificultades de la economía —dijo Pérez Caballero— pero no es la satisfacción plena del trabajador”.
