Maritza Sotolongo visita a menudo la terminal de ómnibus nacionales, sita en el municipio capitalino de Plaza de la Revolución, y durante el último año notó que fueron desapareciendo servicios que allí brindaban algunas empresas, con el fin de viabilizar gestiones perentorias como cambio de moneda, la compra de regalos para llevar a la familia, artículos de aseo y la adquisición de una tarjeta de recarga. También beneficiaban a quienes viven cerca o laboran en ministerios y otras entidades de los alrededores.
La lectora recuerda que lo primero en cesar fue la Cadeca, le siguieron las oficinas de Etecsa y así parece que sucederá con otras, cuando como bien plantea, lo lógico en un sitio de ese tipo es diversificar las prestaciones y no lo contrario.
Su queja respecto a la comunicación telefónica fue tramitada a Etecsa, desde donde respondió Arely González Fernández, directora de Protección al Consumidor, quien explicó que la decisión de cerrar el local resulta competencia de la administración de la terminal; acción que, incluso, contradice el contrato de uso de la referida área y ocasiona afectaciones al servicio que prestaba su empresa en el lugar.
Entonces, nos sumamos a la inquietud de la remitente acerca de qué se supone sea la terminal, ¿solo un amplio salón de espera? Y agregamos una: ¿es válido retirar servicios estatales de probada demanda?