Por Angelina Rojas Blaquier
El plan de exonerar de culpas al asesino de Jesús Menéndez, al que nos referimos en la primera parte de este artículo, siguió su curso. La versión oficial inicial que pretendía presentar a Casillas defendiéndose de los disparos de Jesús, ni siquiera entonces fue creíble.
Las fuerzas armadas y el aparato estatal solo contaban con el informe del cabo Chartrand frente a la masa de informaciones y testimonios que aseguraban lo contrario. Ante eso, las fuerzas del régimen apostaron porque Casillas fuera juzgado por un tribunal militar. Pero esto solo era posible si Cuba se encontraba en un estado de guerra, lo cual no era su status en ese momento. Los debates sobre quién realizaría el juicio finalmente, ocuparon algunos años.
En febrero de 1948, después que el Juez Especial de la Causa había decidido detener a Casillas con exclusión de fianza, la presión ejercida por el entonces jefe del Ejército, Genovevo Pérez Dámera, quien hasta ocupó la ciudad con sus hordas, consiguió que el Juez Especial, doctor Rosado Rodríguez, reformara el auto en presencia del jefe militar, inhibiéndose a favor de que lo juzgase un tribunal militar. Para ello también tuvo que reconocer la existencia de un estado de guerra en el país, aceptando entonces la cuestión de competencia planteada por el jefe del Ejército para juzgarlo.
Carlos Rafael Rodríguez, en su condición de abogado privado acusador de Casillas en representación de la viuda de Menéndez, presentó de inmediato, por medio del procurador Manuel Navarro Luna, un recurso de apelación contra el auto de inhibición a favor de la jurisdicción militar, decidido por el Juez Especial, tras las presiones de Pérez Dámera.
En impresionante alegato, Rodríguez demostró que Cuba no estaba en estado de guerra, requisito indispensable que exigía el artículo 198 de la Constitución para permitir que los militares fuesen juzgados por tribunales de la jurisdicción militar. Otra importante razón esgrimida por Carlos Rafael para que Casillas fuese juzgado por un tribunal ordinario, fue que este había cometido un delito contra la persona de un detenido en el sentido jurídico, cuando se encontraba bajo la custodia del referido capitán.
Precisó por último, que si la Audiencia de Oriente rechazaba el recurso presentado por él y enviaba el conocimiento de la causa a los tribunales militares, estaría absolviendo sin juicio ni proceso legal a Joaquín Casillas, puesto que el jefe del Ejército, en declaración expresa, había liberado de toda culpa al asesino, exhortando a los militares a que imitasen su ejemplo.
En los meses y años que siguieron continuó desarrollándose un interminable proceso de definición sobre el Tribunal que debía juzgar al capitán Casillas debido a las exigencias del abogado representante de la viuda de Jesús, mientras el Partido Socialista Popular (PSP), a través del periódico Hoy primero y mediante Carta Semanal a partir de 1953, continuaba denunciando y condenando el hecho de que Casillas permanecía sin ser juzgado.
En varias ocasiones se empleó, como forma dilatoria, el cambio de los magistrados actuantes, mientras abogados militares visitaban a las autoridades judiciales santiagueras a fin de intentar presentar supuestas nuevas pruebas para que el juicio a Casillas pasara a su jurisdicción.
Con ese fin recurrieron a testigos amañados y falsas investigaciones fabricadas a fin de probar que Casillas no disparó a Menéndez cuando este se encontraba bajo custodia, aun cuando en versiones anteriores habían afirmado que sí lo estaba. Dichas maniobras no fueron suficientes para lograr su objetivo, sin embargo, de ese modo se mantenían presionando constantemente para obstaculizar el cierre del caso.
Sería interminable abordar en detalle todos los actos jurídicos que se continuaron desarrollando en los años que siguieron a fin de impedir el juicio ordinario contra Casillas.
A diferencia de lo que se afirma en el artículo de Briones Montoto, en verdad la lucha por el castigo de Casillas se mantuvo entre los principales objetivos no solo para la dirección del Partido, sino para los obreros y el resto de los sectores populares, quienes cada año rendían homenaje al líder asesinado y exigían masivamente la condena del homicida, mientras la impunidad oficial permitía que Casillas se pasease sin molestias por la ciudad y el país.
Con el golpe militar de Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952 esta batalla se hizo aún más difícil. En la Gaceta Oficial del 12 enero de 1953, aparece el ascenso de Casillas Lumpuy al grado de Comandante. El crimen volvía a ser premiado, con total burla de las protestas y exigencias de castigo al criminal que mantuvieron en ristre los trabajadores, el PSP, los diversos sectores populares y muchas voces de diversos países, entre las cuales se distinguió la de Pablo Neruda, junto a las decisiones de algunos órganos oficiales encargados de impartir justicia.
Como se señalara en el Editorial de Carta Semanal del 18 de enero de 1954, el líder de los trabajadores azucareros fue marcado para morir en la “lista negra” confeccionada en Washington y entregada a sus lacayos criollos.
“Así, Grau se sometió al plan de la ‘embajada’ y pasó la ‘orden ejecutoria’ al despreciable Genovevo Pérez, y este, a su vez, encargó al carnicero capitán Casillas de su cumplimiento. Casillas asesinó cobardemente a Menéndez, Genovevo Pérez cobró su bajo menester, Grau se inclinó sonriente ante el amo extranjero y Washington respiró satisfecho”.
Pero la espuria victoria no duró mucho tiempo, como dijera Nicolás Guillén. Casillas recibió su castigo unos días después del triunfo de la Revolución. A fines de 1958 Batista lo había enviado a Las Villas, para que detuviera el avance del Ejército Rebelde en la provincia, atendiendo a sus “méritos especiales”. En ese momento el ya ascendido a coronel se encontró entre los primeros prisioneros de las tropas del Che tras la liberación de Santa Clara.
En esa circunstancia decidió huir. Cuando era trasladado hacia el cuartel del Che, se lanzó de improviso sobre el custodio para desarmarlo, pero otros miembros del Ejército Rebelde acudieron y tuvieron que dispararle para reducirlo. Cayó muerto el matón a sueldo de los gobiernos burgueses cubanos y del imperio que los sustentaba. La Revolución triunfante, en sus primeros instantes, ajustició al asesino de Jesús.
Epílogo necesario
Los intentos por desmontar nuestra historia, a fin de despojar al pueblo de los valores patrióticos y revolucionarios que lo sustentan como nación, son cada vez más agudos y generalizados. Destruir la imagen de nuestros próceres y principales luchadores sociales se inserta en el empeño, convirtiéndose en uno de los principales frentes de combate para la lucha ideológica.
Un artículo que disminuye tremendamente la figura de Jesús Menéndez y convierte al asesino Casillas Lumpuy de victimario en víctima, además de falso, es extemporáneo y contribuye muy poco al esclarecimiento de un acontecimiento que, además, la historia ha dejado bien aclarado. Eso sí, aporta nuevos argumentos en torno a la necesidad de acrecentar el conocimiento de nuestra historia a fin de impedir que artículos como este puedan sembrar cualquier tipo de duda en la conciencia patriótica y revolucionaria del pueblo.
