Una idea me aguijonea inmisericorde, y no es nada nueva: cada vez gana notable fuerza en el terreno de los servicios la impunidad y la desprotección a la población, en franca oposición a la voluntad gubernamental por hacer más llevadera la vida del cubano.
Usted va a su panadería y en muchísimas ocasiones tropieza con el ya consabido problema de la mala calidad. Mientras, su bodeguero, prácticamente, abre o cierra su unidad a la hora que le parece.
Si necesita abordar la guagua, esta se detiene donde prefiere quien la conduce, y además, en casi todas las rutas, a cualquier hora, sin pudor, abundan los falsos conductores que cobran el pasaje.
Si se le poncha una goma a su auto, pues “la gracia” le podría costar hasta 50 pesos; si quiere comprar una cerveza Cristal o Bucanero bien fría —como debe ser— difícilmente la encuentre a no ser en algún centro privado y, por supuesto, encarecido el precio.
A pesar del extraordinario esfuerzo nacional en importaciones de piezas de repuesto para televisores, ollas de presión, refrigeradores y otros artículos adquiridos para garantizar un mayor ahorro energético, podría sentirse dichoso si encuentra la máquina de su refrigerador o la pieza requerida para su televisor o para su olla Reina en algunos de los talleres encargados del arreglo. Claro, si se dirige a un “particular”, de seguro hallará lo que busca, pero a un precio muy por encima del oficial.
En cualquier esquina se venden las jabitas de nailon, pero es de lamentar que alguien le compre al Estado 200 jabas a 50 centavos y a solo unos metros del lugar las revenda al doble de ese precio.
Así sucesivamente, en una lista casi interminable y donde de seguro resultará apenas imposible encontrar un servicio público donde no hallemos maltratos y violaciones.
Hace unos pocos meses una decisión gubernamental vino a alegrar el bolsillo de la población: rebaja de precios minoristas de productos agropecuarios y otros, incluidos mercancías que se comercializan en tiendas recaudadoras de divisas (TRD).
Desde entonces son innumerables los comentarios favorables por esa medida, pero con frecuencia creciente proliferan las trampas de vendedores y administradores de mercados y unidades de venta agropecuaria, amén de similares infortunios en las TRD. Y se generaliza una pregunta: ¿qué hacen, dónde están los inspectores y autoridades encargadas de hacer cumplir lo establecido?
Tales maldades constituyen delitos y me convenzo cada vez más de que las normativas no surtirán el efecto deseado si no se acompañan de una rigurosa aplicación de sanciones, de todo tipo y cuantía, a quienes conspiran en su contra. Y no como ocurre repetidamente: quien cometió aquí un delito, mañana —sin rubor y libre de culpas— está en aquel otro lugar.
Pedimos el cumplimiento exacto de la ley, no una cruzada. Que todos sepan que no pueden actuar contra el pueblo ni contra las medidas gubernamentales protectoras de las mayorías. Como nadie, Cuba puede vanagloriarse de su generosidad; pero no puede suceder que alguien incurra en un delito y el castigo que reciba no sirva para disuadir a otros de cometerlo igual o peor.
