La huelga iniciada la pasada semana por policías militares del estado brasileño de Espíritu Santo ha dejado un saldo de 144 homicidios, vehículos robados y tiendas saqueadas, según publicó el diario Brasil 24/7.La medida de fuerza reclama reivindicaciones laborales y el aumento del pago de beneficios, entre otras demandas, y ha obligado a que efectivos del Ejército, la Fuerza Nacional, la Marina y la Fuerza Aérea, patrullen las calles, mientras cientos de comercios, escuelas y algunas universidades, permanezcan aún cerrados en el estado con menos índice de homicidio del país suramericano.
El pasado viernes un primer acuerdo entre policías y el gobierno local preveía que la movilización finalizara el sábado, según afirmó el secretario de Derechos Humanos de Espíritu Santo, Julio César Pompeu, en una rueda de prensa, pero permitía al Gobierno acusar a los 703 policías en huelga y pedirles penas de 20 años de privación de libertad por el delito de rebelión.
El presidente interino Michel Temer, al pronunciarse sobre la crisis en Espíritu Santo, condenó la «paralización ilegal» de la Policía Militar, y afirmó que el Gobierno actuará con todo el «rigor» para contenerlas, pues se trata de «comportamientos inaceptables». Además, instó a los agentes a que «vuelvan al trabajo, como ha determinado la justicia», y que negocien sus salarios «dentro del más absoluto respeto a la ley».
En desacuerdo con el pacto, madres y esposas tomaron el lugar de los uniformados, quienes por Ley no tienen derecho a huelga ni a integrar sindicatos. Los familiares bloquearon las entradas de los centros policiales y recordaron que el texto no se pronuncia explícitamente acerca del reclamo de una mejora salarial a los miembros del orden interior.
A fin de solucionar el conflicto, el documento anunciaba que los policías y los bomberos militares que regresaran al servicio serían exonerados de castigos administrativos, y que se analizarían cuatro meses del presupuesto del Estado para valorar si era posible incrementar los honorarios.
Roberto Simoes, profesor de la Universidad Federal del Espíritu Santo, al explicar las causas de las insatisfacciones de los policías, rememoró el ajuste fiscal del 2015 realizado por el gobernador Paulo Hartung, quien pertenece al Partido Movimiento Democrático de Brasil, del presidente Michel Temer.
La medida de entonces redujo 1,3 mil millones de reales del presupuesto del 2016, y puso en práctica un decreto para la reducción del gasto, decisión que ha traído consecuencias nefastas para el Estado y afectará, además, sectores como el de la educación y la salud.
El también politólogo recordó que la policía militar había crecido en más de 2 mil hombres durante la gestión del gobernador anterior, Renato Casagrande, incremento que no fue acompañado del de los salarios.
El congresista Paulo Pimenta, del Partido de los Trabajadores (PT), declaró a Prensa Latina que la causa principal de la crisis institucional que vive hoy Brasil está en el golpe parlamentario del 2016 que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff. En ese momento “la Constitución se desgarró; el Ministerio Público y el Poder Judicial fueron silenciados”, dijo.
La solución comienza entonces con la renuncia de Michel Temer, expresó el congresista, pues su gestión “no tiene legitimidad y tiende a montar una agenda que desmantela los derechos de los trabajadores. Su Gobierno es corrupto y está sumergido en todo tipo de escándalos”, afirmó.
Este domingo, al cierre, Brasil 24/7 publicó una nota de la Secretaría de Seguridad Pública de Espíritu Santo donde informaba que mil 236 oficiales de la policía habían respondido al llamado del comandante general de la Policía Militar, coronel Nylton Rodríguez, a que regresaran a patrullar las calles del Estado. La mayor parte de ellos eran oficiales y soldados que estaban de vacaciones o fuera de servicios cuando estalló la huelga.
