Yira Hernández Gómez, estudiante de Periodismo
Quien defiende una causa justa y necesaria no teme a las consecuencias, lo importante es luchar. Este es el caso de Julia Amparo Lotán Garzona, miembro del Consejo presidencial de la Federación Sindical Mundial (FSM) y secretaria general de UNSITRAGUA (Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala) quien se encuentra en prisión desde mayo del 2015.
Lotán fue la primera mujer designada como Representante Titular de los trabajadores ante la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco Seguridad Social (IGSS), institución gubernamental, autónoma, dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social a la población.
Pero no permaneció mucho en el cargo. Desde el inicio de sus funciones, en octubre del 2011, enfrentó la sospecha de otros dirigentes sindicales interesados en anular su nombramiento. Este proceder es uno de los métodos empleados para debilitar a los sindicatos: se les descabeza implicando a sus líderes en supuestos casos delictivos, tal como sucedió a Julia Amparo.
El 2 de abril del 2013 el entonces presidente de la república, general Otto Pérez Molina forzando los procedimientos legales, impuso a Juan de Dios de la Cruz Rodríguez como presidente de la Junta Directiva del IGSS. Lotán denunció públicamente que el acto constituía una trasgresión a la autonomía del Instituto y advirtió que esto podría acarrear consecuencias negativas. El directivo esgrimió contra ella falsas acusaciones de corrupción.
Amparo interpuso entonces una queja por violencia contra la mujer. Luego de varias semanas, el fiscal del Ministerio Público y el juez a cargo del caso, desestimaron el expediente.
Limpiar el camino
Meses más tarde la vinculan a un supuesto fraude en el IGSS. El 20 de mayo del 2015 fue apresada en su hogar. El Ministerio Público y la fuerza policial armaron un aparatoso operativo donde trataron a la líder sindical activista, y trabajadora social como una criminal frente a sus propios hijos.
Actualmente las únicas pruebas de su culpabilidad son las actas administrativas de la Junta Directiva para la adjudicación de un contrato a una empresa que suministraba servicios de Diálisis Peritoneal al hospital público del IGSS.
No obstante, Julia Amparo sigue en prisión. El caso se ha demorado por diversas razones. Hace apenas un mes, Dulce María, hija de Lotán, narró a Trabajadores, que entró en escena lo que podría ser una nueva artimaña dilatoria: la renuncia del juez Carlos Ruano Pineda.
El proceso se encarece
El referido juez fue presionado por la magistrada Blanca Aida Stalling, madre de Otto F. Molina Stalling (otro de los 15 implicados en el mismo caso de Lotán), para que aplicara a su hijo una medida alternativa a la reclusión. Como instrumento de presión ella empleó una conversación comprometedora del juez.
La renuncia fue aceptada, pero tal como alegó Amparo Lotán en una carta pública, fue “tardía” luego de 33 audiencias “el daño ya está hecho”.
“Solo espero que las autoridades responsables (…) tomen las medidas necesarias para garantizarnos una justicia pronta y cumplida”, y denunció “el manipuleo político de la justicia” que los ha llevado a ella, y al resto de los implicados, a purgar “una pena de cárcel inmerecida”.
En carta más reciente (28 de enero), dirigida a George Mavrikos, secretario general de la FSM, Lotán informó que la causa tiene ahora un nuevo juzgado donde debe reiniciarse el proceso, lo cual nunca será antes de abril, fecha prevista para comenzar los debates.
Tal demora ha acrecentado las dificultades económicas de Lotán y su familia. El abogado defensor duplicó sus honorarios, situación que la obligó a prescindir de él para quedar a merced de un abogado de oficio. Además, las difíciles condiciones de la prisión han socavado la salud de la luchadora sindical, incrementándose así los gastos en medicamentos y alimentación.
Esta realidad explica su llamado a materializar el “compromiso asumido por los camaradas de la FSM”, y cualquier otro amigo solidario que pueda brindar apoyo económico.
