Un creciente rechazo internacional se viene produciendo contra las restricciones migratorias dictadas el pasado viernes por el mandatario estadounidense Donald Trump, que suspenden por cuatro meses el ingreso de refugiados a Estados Unidos y prohíben temporalmente la llegada de viajeros de siete países de mayoría musulmana para, según dijo, proteger a su país de atentados terroristas.
La disposición impide la entrada de viajeros con pasaportes de Siria, Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
La canciller alemana, Ángela Merkel, dijo que la lucha global contra el terrorismo no era excusa para las restricciones y «no justifica poner a personas bajo una sospecha generalizada solo por su origen o su fe (religiosa)». La mandataria recordó a Trump que la Convención de Ginebra requiere que la comunidad internacional acepte a refugiados de guerra por razones humanitarias.
Con similares expresiones de rechazo se manifestaron gobiernos de numerosos países, en particular de Europa, como los de Francia, Italia, Suiza, Bélgica, Irlanda y Austria. Desde el Reino Unido, tradicional aliado de EE.UU. y con importante inmigración de los países vetados, ha trascendido una reacción similar luego que la primera ministra, Theresa May, fuese criticada por apoyar indirectamente a Trump.
El líder del opositor Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, pidió al Gobierno que aplace la planeada visita de Estado del nuevo mandatario al Reino Unido. Más de 300 mil británicos le han apoyado en esa petición “porque resultaría embarazosa para su Majestad la Reina», según argumenta el texto expuesto en el sitio web del Parlamento nacional. Las adhesiones superaban este domingo las 100 mil firmas necesarias para su discusión en el órgano legislativo.
Varias compañías aéreas admitieron verse obligadas a cumplir la disposición restrictiva y desviar a los pasajeros procedentes de los países afectados, y la Agencia Internacional del Transporte Aéreo (Iata) advirtió a sus aerolíneas que el decreto también afecta al personal de cabina, pues los nacionales de esas siete naciones no podrán volar a EE.UU.
Desde Washington se divulgó que varios premios Nobel, así como numerosos empresarios y legisladores, condenaron las acciones ejecutivas antinmigrantes, las que calificaron como injustas, discriminatorias y lesivas al interés nacional estadounidense.
Manifestaciones espontáneas de protesta se reportaron en las terminales aéreas de Washington, Nueva York, Newark, Chicago, Denver, Dallas, Los Ángeles, Phoenix y otras ciudades. Grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles expresaron la intención de presentar demandas contra la directiva, por su inconstitucionalidad.
Abogados del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (Irap) también impugnaron las acciones ejecutivas de Trump y pidieron a los tribunales que sean suspendidas. Al cierre, Fiscales generales de varios estados, como Pensilvania, Washington y Hawái, discutían la presentación de una acción judicial contra el decreto presidencial.
