Seguro de tener la razón e inconforme con la decisión administrativa en el otorgamiento de una plaza, nos escribe Gabriel Estévez Vargas, quien trabaja como fumigador en la finca Coraje de América, sita en Calabazar, en el capitalino municipio de Boyeros.
Por necesidades del centro y al poseer licencia de conducción, desde abril hasta agosto del año precedente lo emplearon como chofer de la brigada de fumigación, plaza vacante desde entonces, asegura.
Durante ese tiempo —puntualiza—, realizó las funciones inherentes a ese puesto, como cuidar el vehículo y la tarjeta de combustible, y transportar al personal.
Estévez Vargas dice que a finales de agosto, Ivia Villa Yagüe, jefa del grupo de la finca, perteneciente al Grupo Empresarial Cimex, le retiró la llave del carro a pesar de que él le manifestó su interés por seguir manejando. La respuesta fue aseverarle que nunca iba a obtener ese puesto.
Sin embargo, al hacerse pública la convocatoria para esa ocupación, Gabriel fue el único en solicitarla. El 3 de octubre, Ivia le informó oficialmente que no estaba aprobado por incumplir los requisitos.
Gabriel dice que después se la asignaron a Ángel Luis Hernández, quien era chofer anteriormente, pero debido a la ingestión de bebidas alcohólicas y estando en fase de prueba, le suspendieron la licencia de conducción por medio año y no fue sancionado por la administración.
“Puede ser que yo no reúna todos los requisitos para ser chofer profesional, pero ahora me pregunto: ¿por qué durante cuatro meses me utilizó como tal? ¿Este trabajador que hace unas horas recuperó su licencia de conducción tiene más requisitos que yo? ¿Tengo que aceptar la posición favoritista de la jefa de grupo?
