Era un informe con muchos números y pocas valoraciones. Intentaba evaluar el cumplimiento de la política sobre los salarios, sistemas de pago y estimulación en pesos convertibles en un sector de servicio público al cierre del tercer trimestre del 2016. La discusión tuvo lugar en el secretariado nacional de uno de los sindicatos que atiendo como periodista.
Fue útil el debate, porque puso en evidencia cómo los guarismos y los términos a veces pueden camuflar deficiencias que necesitan un ojo conocedor y entrenamiento del dirigente sindical para que no le pasen gato por liebre.
A simple vista, la situación parecía muy favorable en relación con el pago por resultados a partir de la influencia positiva de la aplicación desde el pasado año de la Resolución 6 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
En un organismo los sistemas de pago por rendimiento beneficiaban ya a casi el 95 % de los trabajadores; otras organizaciones superiores de dirección empresarial reportaban sobrecumplimientos significativos en las ventas y las utilidades, así como salarios medio superiores a los planificados.
Pero entre tanta cifra optimista, por ejemplo, aparecían dos sistemas empresariales que blasonaban de que su gasto de salario por peso de valor agregado bruto fue de 0,18 y 0,13 centavos, inferiores en ambos casos al 0,22 y el 0,17 previstos en el plan.
Fue una compañera del Secretariado Nacional de la CTC quien le apuntó al Sindicato la incongruencia. Al quedar por debajo del nivel que planificaban, en realidad esas entidades dejaron de pagar a sus trabajadores un salario que podían distribuir. Esos 0,04 centavos menos de gasto de salario por cada peso de valor agregado bruto que produjeron aquellos colectivos, significaban miles de pesos que no recibieron como ingreso los afiliados de aquel sindicato. Y eso debía conllevar un análisis con tales administraciones, pues ese es un indicador para cumplir, no para ahorrar.
Había otras señales de problemas en aquel informe bajo el camuflaje de datos y frases edulcoradas provenientes de un enfoque administrativo, y no sindical. Mencionaba, por ejemplo, “deducciones” hasta el salario escala para un número importante de trabajadores en determinado grupo empresarial, cuando en realidad debía decir que el Estado les garantizaba así una protección salarial, ante la mala gestión administrativa previa que implicó errores en la aplicación de la Resolución 6, por la distribución de ingresos por encima del plan y sin correspondencia con los resultados productivos reales.
Otra pelea, en fin, para el sindicato, que no puede aceptar distorsiones en la política salarial que repercutirán negativamente en la economía del país y, a la larga o a la corta, también perjudicarán al colectivo laboral cuando los organismos de control externo las detecten.
La alerta, entonces, es que no basta con que las direcciones administrativas le presenten al movimiento sindical, desde la sección de base hasta un sindicato nacional, una retahíla de números en apariencias muy positivos, que incluye crecimientos en el salario medio y el pago por resultados. Hay que profundizar en el análisis de esa información económica, sobre la base del conocimiento y el cuidado de los intereses de los trabajadores y de toda la nación.
