¿No le ha ocurrido que va a una de las cafeterías Ditú, o a otro tipo de unidad de venta, en busca de un refresco Tukola o Cachito y le dicen simplemente que no hay; sin embargo, dos cuadras más allá existe una cafetería particular en la cual puede adquirir el producto deseado, claro, con un precio superior?
El récord lo tienen las maltas. Si un día la encuentra en una entidad estatal, puede considerarse una persona con suerte. Luego, a 20 pesos o más, usted tiene la posibilidad de consumirlas en cualquier paladar.
Lo mismo podría decirse de las cervezas Bucanero y Cristal. Los que las prefieren han tenido que resignarse a consumir la Presidente, Estrella, Sol u otras marcas traídas del exterior.
Hay una realidad, una parte de los productos que deben llegar a la población con precios estatales, de forma inescrupulosa cambian su rumbo, extraídos por debajo del telón, como dicen muchos.
Con ello, tales unidades se convierten, a la vista de todos, en una especie de “mercado mayorista” que limita las oportunidades de la mayoría de personas que viven de su trabajo.
Cierto que la producción de esos líquidos no satisface la demanda nacional, y que no existe el ansiado mercado mayorista oficial, insuficiencia que ha provocado la búsqueda de alternativas en la red minorista, no concebida para dicho fin. Eso se sabe, pero no justifica que aquello que se distribuye para las entidades estatales, se transforme en fuente de ingresos para unos cuantos.
¿Quién le pone el cascabel al gato?, preguntan muchos. Primero, todos los directivos, administrativos, el sindicato y los trabajadores involucrados en esa faena, así como los inspectores que cumplen esas funciones. En tanto se pueda crear el mercado mayorista que exigen las nuevas formas de gestión, debe protegerse más el derecho que tiene la mayoría.
Son numerosos los esfuerzos que deben coincidir, para que cuando uno llegue en busca de un refresco, no tenga que decir, ante su ausencia: ¡Di tú!
