Los descalabros políticos, la pérdida de credibilidad, los escándalos y las desventuras familiares que durante el año 2016 persiguieron al primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, se han agravado desde los inicios del presente, con la investigación que lleva a efectos la fiscalía del Estado por sus presuntos actos de corrupción y prebendas.
Su gestión de Gobierno, particularmente el incentivo a la construcción de asentamientos de colonos judíos en territorios de la Cisjordania Palestina y Jerusalén Oriental, recibió el repudio universal, el de los partidos de oposición, y fue particularmente censurada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) que aprobó, en diciembre pasado, la Resolución No. 2334, donde se condena el programa de expansión colonialista.
Para su mayor infortunio, la Resolución —de carácter vinculante— reitera la exigencia a Israel de que ponga fin de inmediato, y por completo, a esa política y ratifica las fronteras acordadas en junio de 1967.
Esta fue una prueba más de que la suerte política del premier sionista ha caído vertiginosamente.
El suceso en el Consejo de Seguridad evidenció el deterioro de las relaciones entre Tel Aviv y la Casa Blanca durante la Administración Obama, debido a las arrogantes manifestaciones del dirigente sionista frente al Congreso de Estados Unidos condenando el acuerdo nuclear con Irán.
En el plano interno, el fiscal general de Israel, Avihai Mandelbit, ha ordenado iniciar una pesquisa criminal contra el premier, que según el Canal 10 de la Televisión y otros medios de prensa de ese país, está relacionada con asuntos de corrupción, blanqueo de dinero y sobornos.
A la vez, la fiscalía ha estado investigando los contratos concedidos por Israel a la empresa alemana ThyssenKrupp para la construcción de tres submarinos militares, pues el abogado del jefe de Gobierno sionista, David Shimron, representa también al agente local de la naviera alemana.
El premier israelí es sospechoso de recibir regalos impropios por cientos de miles dólares de empresarios israelíes y extranjeros, que en su condición de alto funcionario público, podría ser considerado un delito de cohecho.
Como parte del proceso penal, la policía israelí ha detenido e interrogado también a Ari Harow, exjefe de Gabinete de Netanyahu, debido a sospechas de que haber cometido una serie de delitos mientras trabajaba en la oficina del primierato.
A tales imputaciones y a sus desventuras, se unen los escándalos públicos generados por su esposa Sarah, condenada por una corte israelí en febrero del 2016 por licencias económicas para realizar compras para la residencia oficial con fines privados, y por explotar, acosar y humillar a sus empleados domésticos.
En los últimos años, distintos funcionarios israelíes de alto rango han estado envueltos en escándalos de corrupción. Tal es el caso del exprimer ministro Ehud Olmert, quien fuera condenado a 18 meses de cárcel por ese delito.
La mayoría de los israelíes cree que la corrupción en el liderazgo político del régimen de Tel Aviv es generalizada y prevaleciente. Mientras más de 3 mil israelíes se manifestaron recientemente en las calles de Tel Aviv contra las políticas de Netanyahu, y rechazaron los intentos de la ultraderecha por silenciar e intimidar a las organizaciones de izquierda.
De hecho, los problemas que agobian al premier sionista en el ámbito nacional, crecen en espiral, y en el internacional se manifiestan de una forma muy adversa y minan aún más su deteriorado prestigio político, muy a pasar de sus alegaciones de contar con la amistad y el apoyo mostrado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que ha defendido al régimen de Tel Aviv ante la Resolución de CSNU.
