En agosto publicamos aquella inconformidad, y ahora nos llega la respuesta de Irene Marité Cárdenas Pérez, directora general de la Empresa Provincial de Servicios de La Habana, en la que recalca que el recinto es patrimonio de la entidad, la cual no puede aprobar el cambio de uso por estar arrendado a trabajadores por cuenta propia, según Resolución 516 del Ministerio de Comercio Interior.
En la breve respuesta expone que investigaron inmediatamente, al conocer la queja de esos trabajadores de que el gobierno municipal quería trasladarlos a otro sitio y utilizar el de la peluquería para una farmacia.
