El Mercado Común del Sur (Mercosur) actualmente atraviesa por uno de los momentos de fragmentación más complejos dentro de la integración latinoamericana, y se ha fracturado su propósito como estrategia económica frente al mercado internacional.
Las diferencias políticas de los Estados miembros —Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina y Venezuela— han prevalecido frente a los intereses comerciales que fundaron la organización.
El accenso al poder de gobiernos neoliberales en América Latina ha permitido a algunos especialistas hablar de un retorno de la derecha.
La postura de los representantes de Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil, son una muestra de la degradación del bloque regional pues han colocado al organismo en la órbita de quienes han declarado la guerra a Venezuela y por tanto se oponen a la permanencia de esa nación en Mercosur y a su presidencia pro témpore (PPT).
Alegan que la situación política bolivariana afecta la proyección internacional del Mercosur, por lo que no merece ser miembro, ni estar al frente del bloque regional. Además, han “evaluado” el cumplimiento de la legalidad y los resultados comerciales del país suramericano según estipulan los documentos fundacionales (Estatutos de ciudadanía; el artículo 12 del Tratado de Asunción y el 5 del Tratado de Ouro Preto) del año 1991.
La llamada triple alianza —Paraguay, Argentina y Brasil—, como ha denunciado la canciller venezolana Delcy Rodríguez, acordó que a inicios de diciembre Venezuela debía salir del bloque y abandonar la PPT asumida este año.
Argumentan que desde su ingreso, Venezuela incorporó menos de la mitad de las normativas (solo el 30%) que exige el grupo relativas al comercio, la política energética, la infraestructura, los derechos humanos y la defensa. No obstante, el presidente Nicolás Maduro ha asegurado que su país asumió el 95% de las normas.
Para Venezuela este tipo de disputa no tienen asidero jurídico, pues dentro del Mercosur no hay mecanismos sancionatorios por el retraso en la incorporación de las normas. Los documentos fundacionales solo establecen aparatos como el Tribunal Permanente de Revisión, creado en 2005, para resolver litigios de interpretación de la legislación del bloque.
De cualquier forma, la incorporación de las normativas de Mercosur es un proceso largo en el tiempo, razón por la cual los países fundadores solo han integrado una parte de ellas: Argentina, el 37 %; Paraguay, el 38 %; Brasil, el 42 % y Uruguay, el 42 %, según estadísticas reveladas por TeleSur.
También acusan a Venezuela de no haber adoptado el Arancel Externo Común (AEC), del 1995, como condición indispensable al proceso de integración, y de no cumplir con lo acordado en el Protocolo de Adhesión, núcleo para el avance en el libre comercio.
No obstante, el uso de argumentos políticos para juzgar la disposición de Venezuela a la integración económica muestra las verdaderas intenciones de la triple alianza.
Las revelaciones de las últimas semanas, según ha denunciado Delcy Rodríguez, acercan a Mercosur más a las negociaciones con la Unión Europea, la Alianza del Pacífico y a pactos como el Transpacífico y el Transatlántico, congeniados por Estados Unidos.
El boicot a Venezuela desde el Mercosur es contrario a los intereses fundacionales del organismo y hace peligrar mucho más que el destino político de una sola nación.
