Por Adalys Pilar Mireles
Publicado íntegramente hoy, el nuevo pacto suscrito entre el gobierno colombiano y las FARC-EP fue aplaudido en las calles y recibido con optimismo por la mayoría de los sectores políticos.
Pese a los cambios realizados, mantiene las bases esenciales del que fue rubricado el pasado 26 de septiembre en Cartagena de Indias y contempla las transformaciones necesarias para la construcción de la paz, comentó el senador Iván Cepeda, uno de los facilitadores de los diálogos entre ambas partes.
En su opinión el presente es un verdadero acuerdo, no un acta de sometimiento (…) y lo que corresponde ahora es refrendar de la manera más rápida el conjunto de convenios a fin de comenzar cuanto antes el proceso de concentración de esa guerrilla -en las zonas y puntos previamente establecidos- y la dejación de armas o desarme de dicho movimiento.
Tras el plebiscito del 2 de octubre, cuando la mayoría de los participantes rechazó el consenso de Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos abrió un debate nacional para reajustar tal documento.
Luego de intensas jornadas de trabajo en Cuba los dos equipos de negociadores lograron terminar el reciente texto que incluye precisiones o modificaciones en 56 de los 57 ejes temáticos analizados.
Es un tratado que recoge el 90 por ciento de las inquietudes de los promotores del No en ese ejercicio democrático, subrayó el presidente del Parlamento Mauricio Lizcano, citado por el diario El Tiempo.
Para el congresista liberal Guillermo García con el último pacto, fruto de una gran conciliación, renace la esperanza sobre el fin de la guerra, prolongada durante más de medio siglo.
El escrito varió notoriamente en comparación con el previo en temas como justicia transicional al ponerle un plazo de 10 años a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y establecer que los jueces serán colombianos y no extranjeros, afirmó el representante a la Cámara por el partido Conservador Ã’scar Fernando Bravo.
Según lo convenido la JEP será la encargada de investigar, juzgar y sancionar a responsables de la conflagración bajo las premisas de cero impunidad frente a crímenes de lesa humanidad, pero sí beneficios como indultos y amnistías en casos de delitos políticos y conexos.
Que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), mayor organización insurgente involucrada en la confrontación interna, hayan aceptado entregar los bienes me parece más que importante para tener cómo reparar a las víctimas, creo que a partir de este momento se abre el camino para la implementación en el Congreso sin mayor dificultad, manifestó.
Ahora a implementar el nuevo acuerdo y a instalar la Mesa con el también rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN), escribió en su cuenta de Twitter el legislador Alirio Uribe por la alianza Polo Democrático Alternativo, mayor convergencia de izquierda.
Y aunque la primera reacción del expresidente Álvaro Uribe, principal detractor de las pláticas con las FARC-EP, fue pedir que el consenso no fuera presentado como el conclusivo, el ministro del interior Juan Fernando Cristo aclaró que sí tiene carácter definitivo.
En conversación con BluRadio, el funcionario enfatizó que la reunión de los voceros gubernamentales con los simpatizantes del No será estrictamente informativa.
La noticia en torno al actual trato sorprendió a los colombianos en la noche del sábado, transcurrido más de un mes de incertidumbre luego del también inesperado resultado del plebiscito, que puso en duda la vigencia de todo lo consensuado con las FARC-EP a finales de septiembre.
Entonces desde la Casa de Nariño el mandatario llamó a la unidad a todas las fuerzas políticas y sectores para avanzar finalmente en la esbozada ruta de la paz. (Tomado de PL)
