La demora o no pago de las maestrías ha sido tema recurrente en cartas a Buzón abierto durante los últimos meses. La última misiva que recibimos con una queja al respecto corresponde a Concepción Balmaseda Conde, trabajadora del Grupo Empresarial Agropecuario y Forestal en la provincia de Artemisa.
El pasado 29 de abril ella realizó con éxito el acto de defensa de su maestría en Agroecología y Agricultura Sostenible. En la universidad le entregaron, a fines de junio, una carta que avala la obtención del grado científico, para que su entidad le abonara el pago adicional de 80 pesos, incluido el mes anterior, hasta que recibiera el título oficial en la graduación del curso prevista para octubre.
Así le explicaron en la secretaría docente, pero en su entidad no consideraron efectivo el documento. A inicios de septiembre, fecha en que escribió su misiva, la directora de Capital Humano le informó que “no podía pagarle la maestría con carácter retroactivo desde mayo, porque no estaba autorizada legalmente; que la carta de la universidad no era válida para el pago adicional y que solo podía consentirlo a partir de octubre cuando tuviera el título”.
Por si fuera poco, la misma compañera le comunicó que para abonarle el dinero tenía que bajarla a un grupo de escala salarial inferior al que ocupa, en otras palabras, a un puesto de menor remuneración; porque Concepción no puede ganar más que los directivos a los que está subordinada, dígase el jefe del departamento y el director general del Grupo.
Lógicamente la lectora no entiende por qué un aval firmado por el rector de la universidad carece de valor legal y qué razones objetivas justifican la afectación de su salario por alcanzar un grado científico.
“No tengo culpa de que la sumatoria de mi sueldo sea mayor que la de mis jefes, subraya, yo lo obtuve estudiando y superándome para hacer mejor mi trabajo. Entonces me pregunto, ¿si termino el Doctorado me tendré que ir del Grupo Empresarial?”
