La anunciada extensión a partir de octubre próximo del pago de dos importantes tributos a todos los trabajadores que laboran en el sector empresarial y reciben mayores ingresos por diversos conceptos, es tal vez el paso más relevante hasta hoy en la implementación de un régimen fiscal más abarcador para las personas naturales en Cuba.
Recordemos que luego de la puesta en vigor de la Ley 113 del Sistema Tributario hace ya casi cuatro años, e incluso antes, comenzó la ampliación gradual del cobro del impuesto sobre ingresos personales y de la contribución especial a la seguridad social, no solo para los trabajadores particulares, sino también para los de algunos sectores estatales muy específicos que recibieron aumentos salariales o cuyas condiciones laborales permitían remuneraciones más elevadas.
Pero la actual decisión multiplica de un modo muy significativo las personas naturales que abonarán ambos tributos, pues incluiría de modo potencial a más de un millón 300 mil trabajadores de entidades estatales que reciben beneficios salariales por el perfeccionamiento empresarial, sistemas de pago por resultados y por la distribución de utilidades.
La aplicación masiva de estos gravámenes sobre el salario estaba pendiente desde hace más de 20 años, luego de los Parlamentos obreros en 1993 y la aprobación de la anterior ley tributaria, la cual ya enunciaba esa posibilidad. Sin embargo, la decisión política que en aquel momento el movimiento sindical defendió y respaldó el Gobierno, fue que no existían las condiciones económicas y sociales para ello.
Pero las circunstancias hoy, sin duda, ya no son las mismas. El salario medio en el sector empresarial creció alrededor de cuatro veces desde 1993 hasta el cierre del año pasado. Y más que eso, el sistema financiero del país introdujo innumerables cambios en su forma de operar, que exigen nuevas medidas fiscales para mantener los difíciles equilibrios macroeconómicos, presupuestarios y en la circulación monetaria.
No obstante, este nuevo paso en la política fiscal suscita todavía no pocas dudas. Tal vez incluso alguien pueda tener la preocupación legítima sobre si el cobro de ambos tributos es coherente o no con la intención de estimular el trabajo y la permanencia de quienes laboran en el sector estatal de la economía, justo cuando más necesario resulta el fortalecimiento de la empresa socialista.
La condición de excluir del pago de la contribución especial a la seguridad social a los trabajadores que ganen menos de 500 pesos en un mes, resulta una respuesta a parte de esa inquietud. El monto mínimo de 2 mil 500 pesos mensuales para aplicar el impuesto sobre ingresos personales, cifra que representa poco más de tres veces el actual salario medio en el sector empresarial (779 pesos), indica además un afán de justicia económica.
Porque, al fin y al cabo, el propósito es movilizar el aporte de trabajadores cuyas remuneraciones son ya bastante significativas, más si las comparamos con otros sectores ocupacionales también importantes para la sociedad, los cuales todavía no recibieron incrementos salariales, porque la economía aún no lo permite.
La solidaridad que caracteriza a los trabajadores cubanos y la formación económica que empieza a ser más sólida en el sector empresarial, casi de seguro tendrán, entonces, su correlato en un incremento progresivo de la cultura tributaria en nuestros colectivos laborales.
Ello permitirá, en última instancia, la comprensión y apoyo mayoritarios a este nuevo y trascendental salto cualitativo que representa, en fin de cuentas, la llegada de los tributos sobre el salario, junto con todos los deberes y también los derechos que implica ser —ahora directamente— contribuyentes del Estado.
