Los actos de extrema violencia, surgidos de antagonismos políticos, airadas protestas contra la reelección del presidente Joseph Kabila y demandas populares de mejores condiciones de vida, vuelven a cobrar numerosas vidas en la República Democrática del Congo, aumentando la espiral de inestabilidad e inseguridad en el país.
Las rivalidades entre el Gobierno y la coalición Rassemblement de los partidos de la oposición, que rechazan, con apoyo de sectores mayoritarios de la población, la candidatura de Kabila a un nuevo período presidencial y demandan su dimisión, desbordaron nuevamente las pasiones del persistente conflicto político y socioeconómico que afronta esta nación centroafricana de 2 millones 345 mil 410 km2 de superficie y 74 millones 700 mil habitantes.
El presidente Joseph Kabila, que ostenta el poder desde el año 2001, tras la muerte de su asesinado padre, Laurent Désiré Kabila, culmina el próximo mes de diciembre los dos mandatos permitidos por la Constitución, sin haber convocado a elecciones generales antes de esa fecha ni poder permitirse cambiar la Carta Magna para legitimar su aspiración a la reelección.
La nueva jornada de cruentos enfrentamientos entre soldados y policías gubernamentales y los manifestantes en Limete, uno de los bastiones de la oposición en Kinshasa, la capital, y en otras ciudades, han producido un centenar de muertos y decenas de heridos, violaciones de los derechos humanos, incendios de la sede del opositor partido Unión por la Democracia y el Progreso Social (UDPS) y brotes de vandalismo.
Ante sucesos similares precedentes el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió reforzar en marzo del año 2014 las capacidades de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (Monusco) y prorrogar su mandato, con el objetivo de proteger mejor a los civiles de la amenaza de los grupos armados.
Mientras, en medio de la convulsa situación actual tienen lugar las presiones e injerencias políticas de Estados Unidos y Francia –con grandes intereses económicos en la RDC–, los cuales constituyen una flagrante intervención en sus asuntos internos.
Según medios de prensa foráneos la Comisión de la Unidad Africana (UA), al condenar los sangrientos sucesos ocurridos durante las manifestaciones, llamó a mostrar contención y responsabilidad y a dar una oportunidad a la mesa de negociaciones que ella auspicia en busca de una salida a la crisis política congolesa con la celebración de elecciones libres, justas y transparentes, aunque algunos miembros de la oposición y de la sociedad civil, que forman parte del proceso de diálogo auspiciado por la UA, apuestan por retrasar las elecciones, pero a condición de que se cree un Gobierno de unidad nacional en el que no esté Kabila.
Los reclamos no se limitan a esas demandas políticas, se engarzan con las de carácter económico y social y la crisis humanitaria y pobreza que padecen una gran parte de los congoleses, a pesar de los vastos recursos agrícolas y minerales que posee la nación, explotados y comercializados por grandes empresas trasnacionales, como los diamantes, el cobalto, oro, coltán, cobre, tungsteno, en cuyas minas laboran gran número de niños sometidos a altos riesgos, además de petróleo, carbón y maderas.
Enfrentada a la gran disyuntiva de la convocatoria a comicios generales para la elección de un nuevo presidente constitucional o a la continuidad de mayores enfrentamientos que conduzcan a caotizar el país, la RDC se debate entre la solución pacífica a la crisis o los choques armados que reeditan las crueles matanzas que tuvieron lugar en años anteriores.
