Evo: Los recursos naturales son del pueblo

El episodio actual que protagoniza el sector cooperativo minero en el Estado plurinacional de Bolivia no debe verse como un suceso aislado. Forma parte de los intentos de restauración conservadora que tienen lugar en nuestra región.

¿Qué intereses se mueven detrás de las demandas de los cooperativistas mineros? Van en sentido contrario a los que promulga el Gobierno de Evo Morales, empeñado desde el primer día de su gestión en construir una sociedad inclusiva para  el bien de todos.

Llama la atención la postura asumida por los demandantes porque, sin renunciar a intereses propios, ese sector siempre ha sido uno de los principales apoyos del Movimiento al Socialismo (MAS), tanto en el minuto del voto como en otros momentos de tensión. La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) cuenta con presencia en el poder Legislativo, entre diputados y senadores, además de otros representantes con cargos en los niveles de Gobierno.

Las tensiones presentes no son las primeras, pero sucede que ahora los reclamos –su origen se localiza más allá de las fronteras nacionales— pretenden ir tan lejos como lograr mayores concesiones de ventas y asociarse de manera directa con grandes empresas privadas internacionales. También piden que las regulaciones ambientales no se apliquen a su quehacer y que el monto de las ganancias que tributan al Estado sea reinvertido en favor de ellos.

Nada que ver con los propósitos de un proyecto social que trabaja por garantizar el bienestar de todos los habitantes, a partir del poder político en manos de los trabajadores, los campesinos, los revolucionarios.

Las estadísticas señalan que en el caso de Bolivia, en menos de diez años, más de un 20 % de los pobladores han salido de la pobreza y buena parte de ellos ha pasado  a lo que se clasifica como clase media.

Pero quizás algo está quedando pendiente, no solo en la nación sudamericana, sino en toda nuestra América: trabajar con buen tino en la formación de una conciencia que contribuya a que quienes mejoren económicamente sientan el deber de contribuir al beneficio de la sociedad en su conjunto  mediante los tributos establecidos y otros aportes.

“Los recursos naturales son del pueblo boliviano”, ha insistido el presidente Evo Morales. Y en consecuencia, ante la coyuntura que enfrenta por estos días, el Consejo de Ministros ha acordado cinco decretos. El primero revierte a dominio del Estado las áreas que las cooperativas mineras entregaron por contratos a empresas privadas nacionales y extranjeras.

Otras medidas les salen al paso a intentos de ambiciones económicas y de poder que desvirtúan el principio cooperativista; se refuerzan los derechos laborales regidos por la Ley General del Trabajo; se aprueba un registro que separa la empresa de la cooperativa y se restablece la prohibición del uso de dinamitas y otros explosivos.

Frente a este capítulo escenificado por el grupo de cooperativistas, el Gobierno de Evo ha dado una vez más muestra de la sabiduría que le acompaña. A pesar de la violencia desatada por los mineros, que llegó al secuestro, tortura y asesinato del viceministro del Interior Rodolfo Illanes, la respuesta ha sido prudentes, apegada a la ley, teniendo siempre como premisa la soberanía del Estado plurinacional, porque como ha afirmado el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, la derecha no es leal, no tiene límites, y en materia de economía es capaz de vender la patria.

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