Signada por medio siglo de cruento conflicto entre el Gobierno y la insurgencia del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), brazo armado del Partido Comunista (PCF), la historia de Filipinas reabrió en Oslo una nueva página con el inicio de las negociaciones entre ambas partes, con el objetivo de poner fin a los cruentos enfrentamientos que han causado la muerte de más de 30 mil personas.
Previo a la participación en la mesa de conversaciones las dos facciones beligerantes, acordaron en común un alto el fuego y la excarcelación por el Gobierno filipino de importantes dirigentes comunistas, para viabilizar, en un clima de confianza, el reinicio de un proceso de paz estancado desde el año 2013.
Las gestiones conciliadoras en Oslo han estado a cargo de los representantes del Gobierno del presidente Rodrigo Duterte y del Frente Democrático Nacional de Filipinas (FDNF) organización política mayoritariamente dirigida por el (PCF), fundado en 1968 y cuyo líder, José María Sison, permanece exiliado en Holanda.
Las fuerzas rebeldes del antagonista ENP se estiman más de 6 mil combatientes y se concentran en las Islas de Luzón, Bisayas y Mindanao, no obstante no son el único movimiento de guerrillas a la que se enfrenta el nuevo presidente filipino, por la presencia del grupo extremista comandado por Abu Sayyaf, que opera en el sur del país y considerado el principal desafío armado que enfrenta el mandatario.
Desde su ascenso a la presidencia, tras el triunfo en las elecciones mayo del 2016, Duterte ha sido gestor principal en la solución de las rivalidades y antagonismos con el FDNF, y en consolidar un proceso de paz, que contribuya a la estabilidad política de la nación asiática.
No obstante, en el caso del grupo de Abu Sayyaf, cuya creación se atribuye a Estados Unidos, formado por excombatientes de la guerra de Afganistán contra la exUnión Soviética y señalado por las agencias noticiosas como autor de los atentados más sangrientos registrados en los últimos años en Filipinas, incluida la decapitación de rehenes extranjeros, el Gobierno no contempló su inclusión en las negociaciones que ha llevado a efecto con los rebeldes del PCF.
La consolidación de un acuerdo definitivo depende de la voluntad política de las partes en conflicto y de otros factores adversos, que no reediten el fracaso de las anteriores rondas negociadoras por la falta de implementación de los Acuerdos de Trípoli en 1976, los de Yedda en 1987, y por la negativa en el 2013, por la negativa del entonces presidente Benigno Aquino a excarcelar a líderes comunistas, designados por su partido para participar en los diálogos, lo que condujo a la interrupción del proceso de paz.
La concertación de un armisticio signado entre el jefe de Estado filipino y los dirigentes FDNF y el NEP, contribuirá a crear un clima más favorable a la estabilidad política de la nación y a dedicar mayores tiempos y recursos a su desarrollo socio- económico, que posibilite la urgente mejoría de la precaria situación de gran parte de sus más de 102 millones de habitantes, que según las estadísticas cerca del 20,5 %, o sea, unos 4,1 millones, padecen desnutrición, mientras un 51 %, aproximadamente 10,4 millones de familias, se consideran por debajo de los niveles de pobreza.
En cuanto al Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por Naciones Unidas para medir el progreso de un país, lo sitúan entre los de más bajos niveles.
Otros de los graves flagelos que azotan al país es el extendido narcotráfico contra el que el presidente Duterte ha emprendido una guerra sin tregua, aunque se expresan críticas a la aplicación por parte de la fuerza pública y de sectores de la población de medidas severas y extrajudiciales.
No sin incertidumbres, pero con grandes esperanzas, los filipinos esperan que el acuerdo de paz traiga al país tranquilidad, seguridad reconciliación nacional y mejores condiciones de bienestar y progreso económico y social, que no han disfrutado en muchos años.
