El papa Francisco, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, así como los representantes designados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, el Centro Internacional de Justicia Transicional y la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, integrarán el “Comité de Escogencia” de los magistrados que ejercerán en la futura Jurisdicción Especial para Paz acordada por el Gobierno de la nación sudamericana y las Farc-Ep, según se supo este viernes en La Habana.
El Comunicado conjunto número 88 de la Mesa donde desde hace unos 4 años se negocia el fin del conflicto armado más largo de la región, asegura que los integrantes de ese Comité “deberán ser personas de altas calidades éticas, y reconocidas trayectorias profesionales” y que la instancia “gozará de toda la autonomía e independencia para que pueda cumplir sus funciones de manera imparcial”.
A su vez, los magistrados encargados de juzgar los delitos cometidos durante la guerra, “deberán estar altamente calificados” e incluirán “expertos en diferentes ramas del Derecho, con énfasis en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), los Derechos Humanos y la resolución de conflictos”.
El proceso de selección de los magistrados que integrarán el Tribunal para la Paz, las 3 Salas de Justicia; así como sus directivos y los de la Unidad de Investigación y Acusación, deben concluir “lo más pronto posible después de la entrada en vigor del Acuerdo Final”, afirma el documento publicado por las partes este viernes 12 de agosto.
Luego de que los garantes de paz presentaran el Comunicado en la sala de conferencias de El Laguito, en La Habana, intervinieron los jefes de las delegaciones, Humberto la Calle, por el Gobierno; e Iván Márquez, por las Farc-Ep.
La Calle reconoció que, tal como se habían propuesto desde el principio, consiguieron que los magistrados fueran escogidos de forma independiente, lo que garantizará “justicia para las víctimas del conflicto”. Márquez, por su parte, resaltó la necesidad de acabar con la impunidad existente en Colombia, la cual ha sido denunciada, incluso, por la fiscalía de la Corte Penal Internacional.
En un ejemplo claro de reconciliación, dijo Márquez, “las Farc-Ep hemos confiado en una de las instituciones del Estado que más nos han perseguido (…) Habría sido fácil oponernos a ello, por sencillo ejercicio de recusación jurídico. Corresponde ahora a los tribunales penales de nuestro país mostrar que están a la altura del momento histórico”.
El acuerdo sobre la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz ha sido uno de los más polémicos de la negociación que el pasado 23 de junio condujo a un alto el fuego bilateral y definitivo, refrendado personalmente en la capital cubana por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Londoño, alias «Timoleón Jiménez».
Acerca de este punto, el líder de la guerrilla comentó que “la Jurisdicción Especial para la Paz, construida a la luz del DIH, escuchando a las víctimas en La Habana y en Colombia, es sin duda un destacado logro respecto a otros modelos construidos en otros rincones del mundo que también buscaban acabar con la guerra para alcanzar la reconciliación nacional”.
Márquez concluyó su intervención con un llamado a todo el pueblo colombiano a que tome “el asunto de la paz” en sus manos: “Salvemos la patria sacando la paz adelante”, exhortó.
