El papel decisor de los gobiernos municipales en temas relacionados con la vivienda fue ratificado durante un rico debate propiciado en la comisión permanente de Industria, Construcciones y Energía.
La base para el análisis estuvo en los resultados del control y fiscalización realizada por los diputados en 57 municipios de nueve provincias y los informes rendidos por Diana Rosa Suárez Matías, jefa del departamento jurídico del Instituto de Planificación Física (IPF), y José Alfredo Rodríguez Fernández, director de inspección estatal de ese organismo.
Hubo consenso en que a nivel municipal hacen falta coordinación, integración y prioridad con vistas a gestionar asuntos concernientes no solo a la entrega de solares para construir por esfuerzo propio, sino también otras necesidades de la población en cuanto a trámites y hasta respuestas.
La vicepresidenta del IPF, Belkis Serrano, señaló que amén de insuficiencias que puedan tener las normas jurídicas, es preciso conocer y aplicar lo establecido porque existen violaciones.
Su intervención fue a propósito de que, por su relación, se trataron otros temas imbricados al objetivo inicial de solo examinar el cumplimiento del Decreto Ley 322, modificativo de la Ley general de la vivienda en cuanto a la asignación de parcelas y solares yermos estatales.
Las visitas de los diputados para conformar el citado documento y el vínculo diario de muchos que ocupan responsabilidades a nivel de barrio enriquecieron la discusión, que como primera buena noticia arrojó que el Ministerio de la Construcción analizará con otros organismos la inclusión del precio de terrenos entre los acápites a contemplar para el monto del subsidio que reciban las personas necesitadas solicitantes.
René Mesa Villafaña, titular del Micons, subrayó que ello puede transcurrir sin necesidad de aplicar una nueva política, y solo incluirlo, como ocurrió cuando se agregaron los acápites de proyectos y transportación, lo cual implicó aumentar el monto del dinero que se otorga de acuerdo con las prioridades establecidas por los consejos de la administración.
Estas adiciones han tenido su génesis en planteamientos en la propia comisión y consideraciones recogidas entre la población, lo cual evidencia el importante papel de las comisiones permanentes, que esta vez se han reunido durante tres días como paso previo a la sesión ordinaria del Parlamento, acompañados por los máximos representantes de ministerios e instituciones.
Vivienda, primer problema social
El problema habitacional constituye la primera necesidad social en Cuba y para ir minimizando su incidencia, por varios años el Gobierno y el Estado han adoptado medidas, como modificaciones a la ley general de la vivienda y la venta liberada de materiales de construcción, con el doble propósito de mejorar el fondo habitacional a partir de mayor participación ciudadana.
Se conoció que el otorgamiento de solares yermos transita por los inconvenientes de que muchos no están urbanizados y requieren documentos de legalización. Esto adquiere más complejidad porque hay identificadas deficiencias como faltas de exigencia, de personal preparado y de agilidad en los diferentes pasos hasta la aprobación, lo cual solo genera disgustos y que se desvirtúe la esencia de la medida.
No hay una receta para todos. Fueron expuestos ejemplos de soluciones casuísticas derivadas de un quehacer común entre las autoridades de la localidad, si bien se alertó de que la urgencia no puede generar otros problemas que engrosen las miles de ilegalidades computadas.
Al rendir su informe, la jefa del departamento jurídico del IPF afirmó que no se han cumplido las expectativas creadas por el Decreto Ley 322, en tanto la demanda de solares supera con creces la oferta.
Por su parte, al referirse a las ilegalidades urbanísticas, José Alfredo Rodríguez Fernández, director de inspección estatal del organismo, señaló que además de las decenas de miles acumuladas, no se ha cumplido el propósito de erradicar las nuevas en cuanto son detectadas y es bajo el porcentaje que los territorios prevén erradicar en el actual año.
El único aliento en ese sentido proviene de la eliminación de instalaciones e inmuebles estatales en las playas, así como la interrupción de acciones constructivas de personas jurídicas y naturales, violatorias del Decreto Ley 212/2000 sobre la gestión de la zona costera.
Varios diputados coincidieron en plantear que hace falta una actuación enérgica en los municipios, pues todo lo analizado se genera en esos espacios.
