A pesar de la inestabilidad en la plantilla del sistema de auditoría y la migración de trabajadores hacia otras entidades se mantiene un correcto proceso de control y cumplimiento de las acciones para la prevención de las ilegalidades y hechos delictivos en los centros laborales, destacó Gladys Bejerano Portela, Contralora General de la República de Cuba, en la lectura del informe ante la comisión dedicada a los asuntos constitucionales y jurídicos del Parlamento cubano.
La también vicepresidenta del Consejo de Estado destacó como una de las principales problemáticas el traslado de los trabajadores de las Unidades Centrales de Auditoria de Control e Inspección (UCAI) hacia las empresas, pues las primeras al ser presupuestadas ofrecen un salario menor respecto a otras entidades. Refirió que existen centros laborales donde los profesionales auditados como el económico o el contador poseen una mayor remuneración que el auditor.
Bejerano Portela agregó que hay incomprensión de la labor de auditor interno y las unidades intermedias en la supervisión de la calidad y el control, y expuso como ejemplo su ausencia en algunas Unidades Empresariales de Base (UEB) al inicio de la restructuración que ha tenido lugar en los últimos años, en las que no se tuvo en cuenta las funciones de este trabajador ante la prevención de hechos delictivos. Actualmente varias UEB del Grupo empresarial Azcuba ya suman a estos trabajadores en la nómina.
Varios diputados coincidieron en la necesidad de fortalecer el sistema nacional de auditoría y entender la labor esos profesionales en cada lugar para contribuir a la prevención de los delitos. A ese empeño también puede contribuir el asesor jurídico, en aras de lograr mayor eficiencia en el ejercicio de la auditoría, expresó la diputada Ania Aparicio, de la provincia de Villa Clara.
Pese a esta situación las acciones de control durante el 2015 se cumplieron al 96%, las cuales analizaron el cumplimiento de los directivas y objetivos de control aprobados por el Consejo de Estado para el desarrollo e implementación de los Lineamientos de Política Económica y Social del Partido y la Revolución.
La preparación de los auditores y los administrativos en el proceso de inspección son otras de las acciones para la prevención de las ilegalidades. En este sentido mencionó los programas elaborados para la décima Comprobación nacional al control interno que presentó los resultados recientemente.
Otros de los temas debatidos por los diputados fue la capacitación de los trabajadores y las dificultades en los trámites en relacionados con Planificación Física, problemática que tiene origen en las transformaciones que desde hace más de un año se llevaron a cabo con el traslado de las funciones de Vivienda al Instituto de Planificación Física y al Ministerio de Justicia (Minjus).
En este sentido el diputado Alcimar Peña Vidal, de la provincia de Las Tunas, se refirió a las insatisfacciones en la declaración de habitable de las viviendas por parte de Planificación Física, lo cual causa trastornos a familias en relación con cuestiones legales.
José Luis Toledo, presidente de la comisión explicó que se trabaja de conjunto con el Minjus y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) , que ha colaborado en la preparación de los técnicos para una correcta realización de los trámites.
Ariel Mantecón, presidente de ONBC refirió que para solventar este desenfoque de las prácticas se han impartido seminarios y talleres para el control de las ilegalidades en el diagrama habitacional y mobiliario, aun cuando queda mucho trabajo por hacer.
