![Foto: Juan Carlos Dorado](https://www.trabajadores.cu/wp-content/uploads/2016/06/Termoel%C3%A9ctricaCFG-1024x687.x10671.jpg)
Lo más difícil tal vez en materia de decisiones económicas es evaluar y mantener bajo control todas las posibles variables y consecuencias de cualquier transformación que hagamos.
Los cambios en marcha para el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista llevan en sí mismos una aparente contradicción que debe ser resuelta. La descentralización de facultades y la mayor autonomía para su gestión, junto con un fortalecimiento y concentración de sus estructuras que implica centralizar en una sola entidad lo que antes eran empresas independientes.
Estas unidades empresariales de base, las famosas UEB, que ahora conforman empresas mucho más grandes, constituyen un salto organizativo para conseguir mayor racionalidad en los aparatos administrativos y más eficiencia de cara a los suministradores y al mercado, entre otras posibles ventajas.
La mayor insatisfacción, sin embargo, está en el impacto ya evidente a escala territorial de esta conversión de antiguas empresas independientes en establecimientos de otra entidad mayor, muchas veces fuera del municipio o la provincia donde radican.
Es en este punto quizás donde hay que pensar en medidas adicionales para neutralizar efectos negativos. Con la creación de las UEB hay provincias completas que redujeron dramáticamente el número de sus empresas. Sobre todo sucede con los territorios de menor desarrollo o más lejanos de las capitales más fuertes.
El problema no es un simple prurito de dirigentes administrativos o colectivos laborales que sientan ahora una relación de subordinación y dependencia con una dirección empresarial que les queda lejos y puede hacer más engorrosa la realización de determinadas gestiones prácticas. No, va mucho más allá.
Con la reducción del número de empresas, ahora UEB, hay aportes financieros al territorio que migran hacia otros municipios y provincias, en detrimento de los presupuestos locales. Este fenómeno contradice a su vez la política de dotar a los gobiernos municipales y provinciales de mayores recursos propios para su administración.
La brecha entre los territorios de mayor y menor desarrollo también podría aumentar con la “uebización”. Estas nuevas entidades más grandes por una lógica empresarial natural, tenderán a invertir en aquellos establecimientos con mejores condiciones, más perspectivas económicas y cercanía a los principales suministradores y mercados. Hará falta una voluntad política o estrategia superior para hallar un balance que no acentúe las diferencias ya existentes entre provincias y municipios.
Tampoco resulta despreciable el incremento de otros gastos indirectos a la producción que ahora deben asumir las UEB para mantener una relación cotidiana con su casa matriz. Los viáticos o dietas, el combustible para el transporte, los costos administrativos de las estructuras superiores, aumentan o trasladan una factura superior a la base productiva.
Aunque parezca subjetivo y de tal vez menor esencia económica, la conversión en UEB de antiguas y reconocidas empresas en el nivel local suele generar una relativa percepción de pérdida de poder de decisión en las autoridades del territorio donde estas radican, asunto que también requiere atención.
Por supuesto, todas estas contradicciones son posibles de resolver o atenuar con medidas paliativas y correcciones a tiempo. La propia Resolución No. 6 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por ejemplo, rectificó una arista tan esencial, consecuencia de este fenómeno, como es la descentralización de los indicadores formadores del salario de los trabajadores hasta el nivel de las UEB.
Resulta imprescindible entonces dar seguimiento a estos procesos económicos que hoy tienen lugar en el eslabón más importante de nuestra base productiva, con la conciencia clara de que —parafraseando un viejo refrán—, es correcto vestir a la empresa estatal socialista con nuevos ropajes que la blinden, pero sin desvestir tampoco a los territorios.