Mujer santiaguera, de piel negra y procedencia humilde, Vivian Aguilar Pascaud reunía todas las condiciones para “no ser alguien en la vida”, como se decía antiguamente cuando las personas —por determinadas circunstancias— no contaban con las posibilidades de estudio o de un empleo digno.
Sin embargo, la actual presidenta de la Sala de lo Laboral del Tribunal Supremo Popular (TSP) puede considerarse una mujer de éxito, ganado con la constancia de quien ha tributado a la Revolución inteligencia y capacidad para servirla donde ha sido más necesaria.
Así, cuando en 1988 recibió su título de Licenciada en Derecho, en la Universidad de Oriente, y con la opción de desempeñarse en el sistema de tribunales, tuvo que reorientar sus aspiraciones, por lo que durante dos años laboró en un bufete colectivo del municipio de Santiago de Cuba.
La experiencia la enriqueció profesionalmente, pues asumir la representación legal de las personas, tanto naturales como jurídicas ante conflictos de diversas naturalezas, le posibilitó incursionar en las distintas ramas del Derecho.
“Por otro lado —señaló Vivian—, el tránsito por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) me aportó como ser humano. O sea, aprender a escuchar, a entender y, en ocasiones, a sentir por las personas. Estos valores, de alguna manera, tributan a mi ocupación actual como jueza, porque la sensibilidad y el humanismo también son consustanciales a la función de un juez, sobre todo en el contexto de la sociedad cubana”.
Posteriormente se desempeñó como jueza en el tribunal de Songo-La Maya y después fue promovida a presidenta de la Sala de lo Laboral del Tribunal Provincial en Santiago de Cuba. Un tiempo después ocupó la vicepresidencia de este órgano y en el 2008 integró la plantilla de jueces del TSP, hasta que en abril del 2010 fue nombrada presidenta de la Sala de lo Laboral del máximo órgano de justicia.
¿Considera que las mujeres ocupan un espacio importante en el Tribunal Supremo?
En el sistema de tribunales las mujeres son más del 70 % de la plantilla general de los trabajadores y, particularmente, como jueces también constituyen más del 80 % de la fuerza profesional.
¿El juez representa los intereses del Estado?
En nuestro Estado socialista la función del juez presupone imparcialidad y sentido de lo justo. Eso equivale a actuar y a resolver conforme a la verdad; en ocasiones se favorece al Estado y en otras a cualquiera de los implicados.
¿Por qué su inclinación por lo laboral?
Influyó el hecho de que en mi primera experiencia como jueza compartí la materia laboral con la civil; esta última considerada una especie de tronco común para el resto de las especialidades y materias del Derecho, y con muchos puntos de contacto con el Derecho del Trabajo.
Lo laboral despierta una sensibilidad particular, dada la naturaleza de los asuntos que en esta se ventilan, pues implica que el juez posea una singular empatía para cuando resulte preciso situarse en el lugar del otro.
En este proceso los trabajadores y las partes —en sentido general— acuden sin representación letrada. Ello implica una responsabilidad superior para los jueces, que se traduce en el papel activo que deben desempeñar para lograr el mayor acercamiento posible a la verdad de los hechos, más allá de las alegaciones y los medios de prueba que aporten las partes. Todo ello viene determinado por la naturaleza de las relaciones sociales que se establecen en el ámbito del trabajo.
¿Cuáles son las problemáticas más comunes en este espacio?
Predominan los litigios sobre indisciplina laboral, generalmente conflictos derivados de la inconformidad de los trabajadores con la aplicación de correcciones disciplinarias ante conductas que a criterio de los empleadores quebrantan el orden laboral de las entidades.
¿Cómo hacer más efectivo el sistema de tribunales en Cuba?
El sistema de tribunales se concibe —y de hecho se manifiesta— a través del actuar de los jueces y del resto del personal de apoyo a la actividad jurisdiccional, y en tanto somos seres humanos nuestra actuación y obra es perfectible.
En ese sentido, particularmente durante esta última década, la dirección del TSP ha venido realizando esfuerzos para elevar la eficacia del servicio. Tenemos el convencimiento de que es posible avanzar en ese empeño y lo hacemos sobre la base de identificar cuáles son los aspectos que tributan a una mayor calidad de la actuación judicial, desde lo ético y lo profesional; el debido respeto a las garantías y derechos de las partes y demás personas con las cuales interactuamos, así como el cumplimiento de los términos establecidos en la ley para la solución de los asuntos.
Otros indicadores están relacionados con la adecuada preparación técnicoprofesional y cultural, que permita tomar decisiones acertadas; reflejar en las sentencias la debida fundamentación legal y garantizar desde nuestra condición de jueces que los fallos que dictan los tribunales en el país sean cumplidos, de manera oportuna y efectiva por las partes dentro de los términos previstos en la ley. Todos estos aspectos conforman en estos momentos el esquema que sustenta la calidad del servicio judicial.
¿Cómo se ha ido actualizando la legislación laboral cubana en los nuevos tiempos?
El profundo proceso de cambios —tanto en lo social, en lo económico y en lo cultural— que lleva a cabo nuestro proyecto necesariamente implica un acompañamiento desde el Derecho, pues no basta querer y conocer hacia dónde vamos, sino resulta imprescindible saber cómo llevar a efecto tales transformaciones.
Eso presupone una actividad legislativa bastante intensa, sobre todo, en el orden de lo laboral, porque es precisamente en el seno de las entidades y de las relaciones de trabajo donde en la actualidad se operan los principales cambios económicos de la sociedad. De ahí la importancia de atemperar a tales propósitos y retos del país la legislación laboral y, particularmente, las relaciones sociales que están en ese contexto.
Muestra de este acompañamiento desde lo legislativo lo ha dado la promulgación y puesta en vigor del nuevo Código de Trabajo, y el conjunto de normas que lo complementan; desde su reglamento hasta otros procedimientos que establecen cuestiones relacionadas con el empleo, específicas para algunos sectores y organismos.
Como institución, ya a nivel del sistema de tribunales, también nos corresponde esa responsabilidad, partiendo de la facultad que nos concede la Ley No. 82, de los Tribunales Populares, de 1997, que faculta al Consejo de Gobierno del TSP, en representación del resto de los jueces del país, a realizar una labor interpretativa de las normas jurídicas aplicables y a desarrollar una actividad uniformadora desde la práctica judicial, estableciendo procederes que realmente tributan a una mejor impartición de justicia desde lo laboral.
Finalmente, ¿este 8 de junio, Día del Trabajador Jurídico, qué mensaje daría a los afiliados del sector?
Les transmito una felicitación a todos los profesionales del Derecho, quienes durante estos años han venido acumulando resultados, con el compromiso de continuar apoyando al proyecto social que nos hemos planteado los cubanos. De igual manera, los exhorto a ser fieles a nuestros principios y a respaldar, siendo cada día mejores, el momento histórico que hoy vive la nación.