El concierto de opiniones sobre los nuevos precios de los productos del agro, de las tiendas recaudadoras de divisas y del mercado paralelo del MINCIN es variopinto. Unos están insatisfechos por el monto de la merma, algunos creen que son medidas transitorias, hay quienes tienen esperanzas de que sigan bajando, mientras otros reconocen el beneficio en el bolsillo.
Soy de quienes se suman a los dos últimos criterios; cada centavo de menos en el valor de esos artículos —la mayoría de primerísima necesidad— tiene un impacto en una población que vive con pensiones y salarios insuficientes.
El reordenamiento y mayor disponibilidad de medios e insumos en la agricultura, y la disminución de los costos de los productos alimenticios en los mercados internacionales, ponen al país en condiciones para asumir estas políticas, que no se detienen con las ya dictadas: continuarán en la medida de las posibilidades, según fuentes autorizadas.
Para incluir a cada producto en esas listas han tenido en cuenta la garantía de su disponibilidad en el archipiélago, lo que evitará baches en el abastecimiento y la especulación que se crearía de haber esa inestabilidad. Un ejemplo elocuente es el de la leche en polvo, de la cual hay cantidades suficientes para sostener la distribución durante los próximos tres meses y sus envases para un semestre.
Otros productos para los que pudiera parecer viable la disminución de su importe no se pueden someter aún a las políticas de precios por la falta de respaldo de algún insumo o materia prima, como es el caso de los refrescos; mientras no estén dadas las circunstancias permanecerán con sus mismos valores.
Fuentes gubernamentales aseguran que cuando existan garantías de abastecimiento se continuarán aplicando a otros renglones, sin que indispensablemente medie una nota de prensa.
Funcionarios de los ministerios de Finanzas y Precios, y de Economía y Planificación, han advertido sobre la diferencia entre rebajas y nuevos precios; pues en muchos escenarios se maneja incorrectamente el primer término para hablar del contexto actual.
Las rebajas son transitorias, se hacen por cortos períodos de tiempo y con algún propósito, ya sea por el Día de las Madres, de los Padres, de los Enamorados, etcétera, o por la cercanía de la caducidad del producto.
Los nuevos precios, que en Cuba se han informado paulatinamente desde el pasado 22 de abril, dan continuidad al conjunto de medidas encaminadas a aumentar de manera gradual la capacidad de compra del peso cubano, brindar mayor protección al consumidor y mejorar el nivel de vida de la población.
Con estas medidas no se establecen índices o coeficientes de formación de precios: se dictan centralizadamente límites máximos en productos de alta demanda e impacto en la población, por lo que las cadenas de tiendas y mercados no tienen facultades para variarlos, sino situarlos hasta el valor determinado, el cual da margen para los gastos de comercialización y el pago de los tributos.
Los nuevos precios tienen el respaldo de la oferta, que cambia los patrones de distribución, pues en algunos de los productos como el pollo y el aceite los niveles de consumo se han triplicado, y según los pronósticos no deben retroceder sino aumentar la tendencia.
También con la inclusión de artículos como los mencionados anteriormente, además de natillas, gelatinas, zapatos para niños y otros, se busca beneficiar al segmento poblacional que se corresponde con los de menor y mayor edad.
Legalmente todo está dicho, no obstante, esto no excluye a alguna persona que con malas o buenas intenciones dé una interpretación errónea a las políticas, y se encuentren precios distorsionados en cualquiera de los mercados o tiendas.
Para evitar que eso suceda y se haga cumplir estrictamente lo establecido por los organismos facultados están las autoridades de cada institución del comercio (dígase cadenas de tiendas o tipo de mercado), los inspectores estatales (que deben reforzar y sistematizar su accionar) y las visitas sorpresivas de funcionarios y cuadros a los centros expendedores.
Aunque lo más importante es el peso de la razón ciudadana, que se ejerce a partir del dominio de la información pública, la cual hay que usar siempre que sea necesario para hacer valer el nuevo precio de un producto. Usted y cada centavo de menos cuentan.
