Revolucionarias, abarcadoras. Así han sido las normas legales refrendadas en Cuba desde principios de la década de los años 90 del pasado siglo tendentes a proteger el finito recurso agua y propugnar su empleo de manera eficiente.
Fue en agosto de 1993 que comenzó a regir el Decreto-Ley No. 138 de las aguas terrestres, tanto superficiales como subterráneas, con el objetivo de desarrollar los principios básicos establecidos en el artículo 27 de la Constitución de la República y la Ley de Protección del Medio Ambiente y del Uso Racional de los Recursos Naturales.
Para valorar la profundidad del citado Decreto baste señalar que con él quedaron derogadas ordenanzas y disposiciones jurídicas hasta de la época de la colonia, como los Reales Decretos de enero de 1891, que determinaron la vigencia en Cuba de la Ley de Aguas y puesta en vigor del Reglamento de esta, respectivamente.
Pero el propio desarrollo del país e insuficiencias identificadas en relación con la explotación del preciado líquido decidieron que en el VI Congreso del Partido quedaran suscritos varios lineamientos, con total vigencia, a partir de los cuales se elaboró un diagnóstico, sustento del articulado de la Política Nacional del Agua, suscrita por el Consejo de Ministros en diciembre del 2012, y que más temprano que tarde será revalidada en una Ley, en consulta al más alto nivel del Estado y del Gobierno.
Por el momento están definidas las estrategias a llevar a cabo, caracterizadas por la multisectorialidad, en tanto requiere de la participación de todos los usuarios de aquel recurso, aunque el organismo rector sea el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH).
Dicha Política establece 22 principios y como prioridades: el uso racional y productivo del agua disponible, la utilización eficiente de la infraestructura construida, así como las gestiones de riesgos asociados a la calidad de ese recurso y a eventos extremos del clima.
Solo la necesaria
A partir de la demanda de los clientes, el INRH aprueba anualmente la cantidad de agua a entregar, en lo que se conoce como balance de agua, el cual desde el 2013 asumió otra connotación al ser aprobado por el Ministerio de Economía y Planificación como indicador a medir igual que la electricidad y los combustibles.
La medida ha dado buenos frutos, aunque todavía hablemos de derrochadores y se siga perdiendo agua por diversas razones objetivas y subjetivas. De un crecimiento galopante en solicitud para las diversas actividades económicas y sociales, la curva ha ido en descenso, entre otros motivos, por mayores exigencias en cuanto a los índices de consumo a respetar para la agricultura, la producción y los servicios.
